La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó como reservada por un periodo de cinco años toda la información relacionada con las comunicaciones diplomáticas y la solicitud de extradición promovida por Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, al considerar que hacer públicos esos documentos podría afectar la conducción de la política exterior mexicana y la relación bilateral con Washington.
La resolución del Comité de Transparencia de la dependencia establece que permanecerán bajo reserva oficios, notas diplomáticas, correos electrónicos, minutas de reuniones, fichas informativas, solicitudes de extradición, mecanismos de cooperación y cualquier otro intercambio oficial sostenido entre autoridades de México y Estados Unidos sobre ambos políticos.
Como argumento principal, la Cancillería sostuvo que la difusión de esa información «podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano», además de afectar la confianza, la confidencialidad y el respeto mutuo que rigen la cooperación bilateral en materia de procuración de justicia y seguridad.
La determinación se da en medio de la controversia generada por la solicitud presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para detener provisionalmente con fines de extradición a Rocha Moya, Inzunza y otros funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En abril, la SRE confirmó haber recibido la petición diplomática y la turnó a la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad competente para evaluar su procedencia conforme a la legislación mexicana.
La reserva aprobada por la SRE impedirá conocer durante el actual sexenio el contenido de las comunicaciones oficiales entre ambos gobiernos sobre este caso, así como el estado de las gestiones diplomáticas derivadas de las solicitudes estadounidenses.
La decisión también alcanza las versiones públicas solicitadas mediante mecanismos de transparencia respecto de peticiones de extradición, solicitudes de localización, acuerdos de cooperación bilateral y reuniones sostenidas entre funcionarios mexicanos y autoridades estadounidenses relacionadas con el expediente.
La clasificación ha generado cuestionamientos sobre el alcance de la reserva, debido a que el caso involucra a servidores públicos de alto nivel y a una investigación con implicaciones tanto judiciales como diplomáticas. No obstante, la SRE sostiene que la protección de esos documentos responde a obligaciones internacionales de confidencialidad y busca evitar afectaciones a la cooperación entre ambos países.
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