La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó tres reformas al Código Penal Federal y al Código Civil Federal que buscan endurecer el combate a la suplantación de identidad digital, permitir que madres y padres elijan libremente el orden de los apellidos de sus hijos y fortalecer el marco legal para sancionar el abuso sexual.
Los dictámenes, impulsados bajo la presidencia del diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), serán turnados al Pleno para su discusión.
Hasta ocho años de cárcel por robo de identidad digital
Con 24 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, la comisión aprobó crear un capítulo específico en el Código Penal Federal para tipificar el delito de suplantación de identidad.
La reforma establece que cometerá este delito quien, sin autorización y con el propósito de obtener un beneficio o causar un daño, utilice datos personales, contraseñas, firmas electrónicas, documentos, información biométrica o cualquier identificador digital de otra persona.
Las sanciones previstas serán de cuatro a ocho años de prisión, además de multas de entre mil y cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
El proyecto también considera como suplantación utilizar inteligencia artificial para crear imágenes, audios o videos falsos con fines ilícitos, así como emplear perfiles electrónicos, redes sociales o datos públicos para hacerse pasar por otra persona.
Las penas aumentarán hasta en una mitad cuando el responsable sea servidor público, especialista en tecnologías digitales, mantenga una relación de confianza con la víctima o cuando ésta pertenezca a grupos vulnerables como mujeres, personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
Julio César Moreno afirmó que la reforma responde al crecimiento de los ciberdelitos derivados de la digitalización de servicios, el comercio electrónico y el uso de herramientas de inteligencia artificial.
«Hoy la suplantación de identidad ya no sólo ocurre mediante documentos físicos, sino a través de datos personales, biométricos y medios digitales utilizados para cometer fraudes y vulnerar derechos», señaló.
Desde el PT, las diputadas Olga Lidia Herrera Natividad y Olga Juliana Elizondo Guerra respaldaron la iniciativa al considerar que fortalecerá la protección de las víctimas de fraudes, extorsiones y robo de identidad.
En contraste, el panista José Guillermo Anaya Llamas manifestó reservas sobre la redacción del dictamen, al advertir que algunas sanciones resultan demasiado amplias y ambiguas.
Avalan libre elección del orden de los apellidos
En una segunda votación, con 24 votos a favor y tres abstenciones, la comisión aprobó modificar el artículo 58 del Código Civil Federal para que madres y padres puedan decidir, de común acuerdo, el orden de los apellidos de sus hijas e hijos.
La reforma elimina la preferencia automática del apellido paterno y permitirá elegir tanto el primer como el segundo apellido de cualquiera de los progenitores.
El orden definido para el primer hijo deberá mantenerse para todos los descendientes de la misma pareja, mientras que, en caso de desacuerdo, prevalecerá un criterio alfabético para garantizar certeza jurídica.
Moreno Rivera sostuvo que la propuesta fortalece la igualdad entre mujeres y hombres y coloca en el centro el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes.
La diputada morenista Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, autora de la iniciativa, afirmó que la reforma atiende una demanda de parejas jóvenes y armoniza la legislación con criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Refuerzan sanciones por abuso sexual
En un tercer dictamen, aprobado por unanimidad con 30 votos, la Comisión de Justicia modificó los artículos 24, 260 y 261 del Código Penal Federal para fortalecer las sanciones por abuso sexual.
La reforma incorpora medidas de reinserción social con perspectiva de género, como talleres reeducativos y servicio social, además de ampliar la definición del delito para incluir los casos en que la víctima sea obligada a exhibir su cuerpo.
También incrementa las penas cuando exista una relación de confianza, parentesco, vínculo sentimental, laboral, educativo, deportivo, artístico o religioso entre el agresor y la víctima.
Moreno Rivera explicó que los cambios complementan la reforma publicada en marzo de este año, corrigen vacíos legales y buscan brindar mayor certeza jurídica para la persecución y sanción de este delito.
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