La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala constituyeron violaciones graves a los derechos humanos, al acreditar la desaparición forzada de 40 estudiantes, la ejecución de seis personas y un operativo coordinado de corporaciones policiacas en contra de al menos 92 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
En la Recomendación 208VG/2026, de 867 páginas, el organismo sostiene que la actuación de autoridades municipales, estatales y federales derivó en detenciones arbitrarias, tortura, uso excesivo de la fuerza y desapariciones forzadas, además de documentar una deficiente procuración de justicia que vulneró el derecho a la verdad de las víctimas y sus familias.
La CNDH asegura que, tras revisar nuevamente expedientes ministeriales, informes nacionales e internacionales y evidencia que anteriormente fue ignorada o analizada de manera parcial, pudo reconstruir con mayor precisión la secuencia de los hechos y ampliar el universo de víctimas reconocidas.
Según el documento, el ataque no fue un hecho aislado, sino un operativo de represión en el que participaron policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Taxco, Ixcateopan y Tepecoacuilco, además de elementos de la Policía Estatal, Policía Federal, Policía Federal Ministerial y Protección Civil, quienes actuaron en coordinación o bajo la influencia del grupo criminal Guerreros Unidos.
La recomendación establece que la evidencia permite concluir que los estudiantes fueron perseguidos, atacados con armas de fuego, detenidos ilegalmente y sometidos a actos de tortura. De los casos documentados, 40 jóvenes fueron desaparecidos de manera forzada, mientras que seis personas fueron privadas de la vida y al menos 15 más resultaron lesionadas.
Uno de los aspectos más relevantes del informe es que la CNDH cuestiona las conclusiones de investigaciones previas, incluida su propia Recomendación 15VG/2018, al señalar que diversas pruebas fueron utilizadas de forma parcial o para sostener determinadas narrativas, cuando el objetivo de la nueva investigación fue privilegiar únicamente elementos verificables.
El organismo también reveló que durante la integración del expediente detectó la existencia de un listado con más de 800 presuntas víctimas directas e indirectas, documento que no aparece incorporado formalmente a los expedientes y cuyo origen actualmente es investigado.
La recomendación está dirigida a la Fiscalía General de la República, la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, la Unidad Especial de Investigación y Litigación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno de Guerrero y diversos municipios de la entidad, a quienes solicita fortalecer las investigaciones, ampliar la búsqueda de los desaparecidos, reparar integralmente a las víctimas y sancionar a todos los responsables.
Con este nuevo pronunciamiento, la CNDH reabre el debate sobre uno de los casos más emblemáticos de México y sostiene que, a más de una década de los hechos, persisten responsabilidades pendientes, omisiones institucionales y líneas de investigación que no han sido plenamente agotadas.
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