La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el empresario Alonso Ancira continúa sin cubrir el tercer y último pago del acuerdo de reparación del daño por el caso Agronitrogenados, incumplimiento que mantiene pendiente la devolución total de 216 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, dos recursos de apelación aún sin resolver impiden reactivar el proceso penal tanto contra el exaccionista de Altos Hornos de México (AHMSA) como contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
La FGR precisó que el adeudo corresponde al último pago pactado en el convenio reparatorio, que debió liquidarse desde diciembre de 2023. El incumplimiento derivó en la intención de reanudar la acción penal, aunque el procedimiento permanece suspendido por litigios pendientes ante un tribunal colegiado.
De acuerdo con la Fiscalía, el pasado 19 de junio el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la negativa de un amparo promovido por Emilio Lozoya, luego de que un juez federal rechazara originalmente ese recurso en noviembre de 2025. No obstante, el exfuncionario impugnó la resolución mediante un recurso de revisión y, además, existen otras apelaciones que continúan sin resolverse.
La dependencia explicó que mientras dichos recursos permanezcan pendientes, legalmente no puede continuar la persecución penal contra Lozoya ni contra Ancira por la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
Horas antes, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, le confirmó que Alonso Ancira sigue sin cumplir con el pago restante del acuerdo reparatorio, situación que mantiene vigente el reclamo del Estado para recuperar la totalidad del daño ocasionado al erario.
El caso Agronitrogenados se originó por la adquisición, en 2012, de una planta de fertilizantes considerada obsoleta por parte de Pemex a AHMSA por 275 millones de dólares, operación que las autoridades estiman provocó un daño patrimonial superior a 216 millones de dólares. La investigación sostiene que la compra estuvo precedida por el pago de sobornos a Emilio Lozoya cuando encabezaba la empresa productiva del Estado.
Aunque la Fiscalía sostiene que el incumplimiento del convenio permite reactivar la acción penal, el proceso permanecerá congelado hasta que los tribunales resuelvan las apelaciones pendientes.
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