La Cámara de Diputados alista un paquete de más de 36 iniciativas para fortalecer el marco jurídico que promueva una cultura de paz en México, en respuesta al incremento de la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes dentro y fuera de las escuelas.
Durante el foro «Aulas para la Paz», la secretaria de la Mesa Directiva, Magdalena Núñez Monreal (PT), advirtió que la inseguridad ha transformado la convivencia cotidiana del país y sostuvo que la paz debe asumirse como un derecho que garantice bienestar, desarrollo y armonía, no sólo como la ausencia de violencia.
«La construcción de la paz es un compromiso de autoridades, escuelas, familias y sociedad. No podemos normalizar la violencia al interior de nuestros planteles educativos», afirmó.
La legisladora señaló que las nuevas generaciones enfrentan un entorno marcado por la inseguridad, distinto al que vivieron generaciones anteriores, por lo que consideró indispensable fortalecer desde el Congreso las políticas públicas dirigidas a prevenir la violencia desde la infancia.
Indicó que el sistema educativo desempeña un papel central para formar ciudadanos comprometidos con la convivencia pacífica y confirmó que la Cámara de Diputados trabaja en más de tres decenas de propuestas legislativas para consolidar un marco legal que impulse una cultura de paz.
Como parte del foro, especialistas presentaron el programa «Aulas para la Paz», una estrategia basada en educación socioemocional para prevenir el bullying, el ciberacoso, la discriminación y otras formas de violencia escolar.
Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, comisionado para América Latina de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, explicó que el proyecto busca convertir las escuelas en espacios seguros mediante el fortalecimiento de habilidades como la empatía, la comunicación asertiva, la autorregulación emocional y la resolución pacífica de conflictos.
La propuesta contempla capacitar de forma permanente al personal docente, involucrar a madres y padres de familia, establecer protocolos de atención temprana para casos de violencia escolar, implementar mecanismos de mediación y justicia restaurativa y evaluar de manera continua el clima escolar.
Durante el encuentro, Irma del Carmen Santos Ramos, representante del DIF de Ecatepec, alertó que ese municipio atiende a más de 579 mil niñas, niños y adolescentes expuestos a violencia familiar, abandono, consumo de drogas, trabajo infantil y otras condiciones de vulnerabilidad.
La funcionaria pidió fortalecer las políticas públicas para la protección de la infancia, ampliar la infraestructura de atención a menores víctimas de violencia y agilizar los procesos judiciales relacionados con la restitución de derechos.
También demandó que ministerios públicos, fiscalías y jueces reciban capacitación obligatoria con perspectiva de infancia para evitar que niñas, niños y adolescentes permanezcan horas sin atención o sean relegados frente a procedimientos dirigidos a adultos.
En tanto, Adriana Macías Jiménez y Anayeli Chávez Serrano, impulsoras de «Aulas para la Paz», coincidieron en que los avances logrados mediante atención psicológica sólo pueden consolidarse si las escuelas y las familias participan activamente en la formación socioemocional de niñas, niños y adolescentes.
Afirmaron que construir comunidades educativas seguras exige la corresponsabilidad de docentes, madres, padres y autoridades para que la paz se convierta en un eje permanente de la educación.
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