Con el argumento de cerrar un vacío legal y frenar una modalidad de extorsión que ha ganado terreno en las principales vialidades del país, la senadora Geovanna Bañuelos presentó una iniciativa para incorporar al Código Penal Federal el delito de provocación intencional de hechos de tránsito con fines de extorsión, conocido como «montachoques».
La propuesta plantea crear un nuevo Capítulo VII, denominado «De la Provocación Intencional de Hechos de Tránsito con Fines de Extorsión», con el propósito de reconocer esta conducta como un delito autónomo y otorgar a las autoridades herramientas jurídicas específicas para investigar y sancionar a quienes operan bajo este esquema.
La iniciativa establece penas de cinco a doce años de prisión, además de 500 a mil 500 días multa, para quien provoque o simule de manera dolosa un accidente vial con el objetivo de obtener un beneficio económico mediante intimidación, engaño, presión psicológica o violencia.
Además, contempla aumentar la sanción hasta en una mitad cuando intervengan dos o más vehículos, se utilicen armas u objetos peligrosos, se prive de la libertad a la víctima, se altere la escena del incidente, el afectado pertenezca a un grupo vulnerable o el delito sea cometido por una organización criminal.
La reforma también prevé la destitución e inhabilitación de cinco a diez años para servidores públicos que participen o faciliten estas conductas.
Bañuelos explicó que los llamados «montachoques» provocan accidentes o los simulan para intimidar a los automovilistas y exigir pagos inmediatos por supuestos daños, aprovechando el desconcierto y la presión del momento.
«En muchos casos, estos grupos operan de manera organizada, utilizando varios vehículos y distribuyendo funciones entre sus integrantes para dificultar su detención», advirtió.
La legisladora señaló que esta práctica ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un fenómeno que afecta el patrimonio, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas, además de generar desconfianza en el espacio público.
Como sustento, citó datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que reporta un incremento de casos relacionados con «montachoques» en la Ciudad de México y advierte que estas bandas operan principalmente en vialidades de alta afluencia, donde resulta más sencillo provocar percances y presionar a las víctimas.
Asimismo, recordó que, de acuerdo con el INEGI, durante 2023 se registraron más de 381 mil accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas del país, un volumen que, afirmó, facilita que los hechos provocados deliberadamente pasen inadvertidos entre accidentes cotidianos.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PT sostuvo que la falta de un tipo penal específico complica la integración de las investigaciones, dificulta identificar patrones de operación de estas organizaciones y favorece la impunidad.
«La presente iniciativa parte del reconocimiento de que el denominado ‘montachoques’ constituye una modalidad delictiva con características propias, un modus operandi claramente identificable y un elevado impacto social», afirmó.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado, donde será analizada antes de su eventual dictaminación.
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