El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, aseguró que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum estaría dispuesto a extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, siempre que Washington presente pruebas suficientes que satisfagan los requisitos establecidos por la legislación mexicana.
En entrevista con Politico, el diplomático sostuvo que la cooperación bilateral en materia de seguridad continuará bajo los mecanismos legales vigentes, pero dejó claro que ninguna solicitud de extradición prosperará sin el sustento probatorio correspondiente.
México rechaza operaciones extranjeras en su territorio
Lazzeri también enfatizó que no existe nadie mejor que las fuerzas de seguridad mexicanas para ejecutar operativos dentro del territorio nacional, al reiterar la postura del Gobierno mexicano de rechazar cualquier intervención unilateral de agencias estadounidenses en México.
El embajador afirmó que ambos países mantienen una estrecha colaboración contra el crimen organizado, pero subrayó que ésta debe desarrollarse con pleno respeto a la soberanía nacional y a los canales institucionales establecidos entre ambos gobiernos.
Extradición dependerá de la carga de la prueba
Las declaraciones ocurren en medio de la presión de autoridades estadounidenses para procesar a Rocha Moya y otros exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Lazzeri sostuvo que, si Estados Unidos acredita con pruebas suficientes las acusaciones, México analizará la solicitud conforme al tratado bilateral de extradición y al marco jurídico nacional. En caso contrario, no existirían elementos para proceder legalmente.
Crece la tensión bilateral
Las declaraciones del nuevo embajador se producen mientras persisten las diferencias entre ambos gobiernos sobre la estrategia de combate al narcotráfico y tras los reclamos de México por presuntas operaciones realizadas por agencias estadounidenses sin autorización en territorio nacional.
La administración de Claudia Sheinbaum ha insistido en que cualquier cooperación en seguridad debe realizarse bajo principios de coordinación, legalidad y respeto a la soberanía mexicana, al tiempo que mantiene abierta la colaboración con Washington en investigaciones de alto impacto.
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