La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió una investigación pronta, exhaustiva e imparcial por la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente que falleció el pasado 16 de julio de 2026 durante un campamento de verano organizado por una institución de formación militarizada en Tamaulipas.
El organismo nacional expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la menor y manifestó su solidaridad con sus familiares y amigos, al considerar que enfrentan una pérdida irreparable.
La CNDH recordó que la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes es una obligación prioritaria del Estado mexicano y de todas las instituciones, públicas y privadas, que tienen bajo su responsabilidad el cuidado, educación, formación o resguardo de menores de edad.
CNDH pide investigación con perspectiva de derechos humanos
El organismo exhortó a las autoridades de Tamaulipas y a las instancias responsables de la procuración de justicia a realizar una investigación pronta, independiente, imparcial y con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, con el objetivo de esclarecer plenamente las circunstancias de la muerte de Dafne Zapata Quintos y, en su caso, sancionar a los responsables.
Exige garantizar verdad y acceso a la justicia
La Comisión también solicitó que los familiares de la adolescente tengan acceso oportuno a la información del caso, participen de manera efectiva en las investigaciones y se garantice su derecho a conocer la verdad y acceder a la justicia conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Asimismo, hizo un llamado a revisar los protocolos y la normatividad que rigen a las instituciones de formación militarizada encargadas del cuidado de menores, con el propósito de fortalecer los mecanismos de supervisión y prevención.
Advierte sobre fallas en la protección de menores
La CNDH advirtió que la muerte de Dafne Zapata Quintos bajo la responsabilidad de una institución encargada de su cuidado representa un hecho de la más alta gravedad.
Señaló que, además de determinar responsabilidades individuales, el caso obliga a las autoridades a revisar la eficacia de los mecanismos de supervisión y reforzar las medidas de protección para prevenir cualquier forma de violencia, abuso, negligencia o trato incompatible con la dignidad humana.
El organismo insistió en que el esclarecimiento del caso será fundamental para garantizar justicia a la familia de la adolescente y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
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