Un juez federal sentenció a 105 años de prisión a Santiago Mazari Hernández, alias «El Carrete», identificado por las autoridades como líder de la organización criminal Los Rojos, tras encontrarlo penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada —en las hipótesis de delitos contra la salud y secuestro—, así como del secuestro de una víctima.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la condena fue obtenida gracias a las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en Morelos, las cuales acreditaron plenamente la responsabilidad del acusado.
Además de la prisión, deberá reparar el daño
En su resolución, el juez también ordenó que Mazari Hernández pague la reparación del daño, además de imponerle la suspensión de sus derechos políticos y civiles y una amonestación, como parte de las sanciones derivadas de la sentencia.
Esta condena se suma a una sentencia previa de 20 años de prisión que recibió en 2020 por delincuencia organizada con fines de delitos contra la salud, por lo que continúa acumulando procesos penales por diversos ilícitos federales.
«El Carrete» encabezó a Los Rojos en Morelos
Una organización vinculada a secuestros y narcotráfico
De acuerdo con las investigaciones federales, Santiago Mazari encabezó Los Rojos entre 2012 y 2019, grupo criminal que operaba principalmente en Morelos y que mantenía una disputa con Guerreros Unidos por el control de actividades ilícitas en la región.
Las autoridades atribuyen a esta organización delitos como secuestro, homicidio, extorsión, cobro de piso y tráfico de drogas, además de haber sido señalada en distintas líneas de investigación relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque dichas indagatorias no derivaron en una condena por ese caso.
La FGR fortalece procesos contra líderes criminales
La nueva sentencia representa uno de los fallos más severos obtenidos por la FGR contra un líder del crimen organizado y forma parte de la estrategia para judicializar casos de delincuencia organizada y secuestro, considerados entre los delitos de mayor impacto en el país.
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