Ante el avance de la crisis hídrica en el país, el diputado del PAN Fidel Daniel Chimal García presentó una iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales con el fin de impedir nuevas concesiones de agua en regiones con sobreexplotación de acuíferos y garantizar que el derecho humano al agua prevalezca sobre cualquier interés económico.
La propuesta incorpora expresamente a la legislación el derecho humano al agua y al saneamiento previsto en el artículo 4º de la Constitución y establece que la gestión de los recursos hídricos deberá priorizar el acceso de la población al líquido, especialmente en las zonas con mayor escasez.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento para su análisis.
Definen por primera vez las zonas de alto estrés hídrico
La iniciativa establece el concepto de «zona de alto estrés hídrico», que comprenderá aquellas cuencas, acuíferos o regiones hidrológicas donde la extracción de agua supere el 40 por ciento de su recarga natural anual, o bien, aquellas clasificadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como sobreexplotadas, en veda o con disponibilidad negativa.
En esas regiones quedarían suspendidos:
- El otorgamiento de nuevas concesiones de aguas nacionales.
- Nuevas asignaciones y permisos de descarga.
- La ampliación de volúmenes autorizados en títulos vigentes.
Solo habrá excepciones para consumo humano y emergencias
La restricción no aplicará cuando las solicitudes tengan como destino el abastecimiento doméstico o urbano, ni en casos de contingencias sanitarias, emergencias o desastres naturales declarados oficialmente.
Asimismo, la iniciativa faculta a la Conagua para sancionar la extracción, aprovechamiento o uso de aguas nacionales en zonas de alto estrés hídrico cuando se realice sin concesión o incumpliendo las condiciones establecidas en los títulos autorizados.
Conagua deberá actualizar anualmente el mapa nacional de sequía
La propuesta también obliga a la Conagua a publicar y actualizar cada año el Monitor de Sequía en México, tomando como referencia los acuíferos sobreexplotados, las zonas de veda y las regiones donde la demanda de agua sea igual o superior a la disponibilidad media anual del recurso.
El objetivo es contar con un diagnóstico permanente que permita ajustar las políticas públicas y restringir nuevas autorizaciones donde el recurso ya sea insuficiente.
PAN advierte que México enfrenta una crisis hídrica sin precedentes
En la exposición de motivos, Chimal García sostiene que México atraviesa una profunda crisis de desigualdad en el acceso al agua.
Explica que mientras en el sur del país la disponibilidad alcanza 13 mil 847 metros cúbicos por habitante, en el norte —donde se concentra gran parte de la población y la actividad económica— apenas llega a cuatro mil 416 metros cúbicos por persona.
El legislador afirmó que mantener las reglas actuales profundiza la desigualdad y pone en riesgo el desarrollo del país.
«No habrá justicia social ni auténtico desarrollo humano integral si el poder económico prevalece sobre el derecho fundamental a un recurso que es fuente de vida y dignidad», expone la iniciativa.
Más de 150 acuíferos están sobreexplotados
El diputado cita datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según los cuales México dispone de suficiente agua renovable para abastecer a cada habitante con más de 10 mil litros diarios, pero sostiene que la administración del recurso ha sido deficiente.
De acuerdo con el documento:
- 157 de los 653 acuíferos del país se encuentran sobreexplotados.
- Más del 70 por ciento presenta niveles críticos de contaminación.
Además, refiere que el World Resources Institute ubica a México como el segundo país de América Latina con mayor estrés hídrico y el lugar 24 a nivel mundial, con proyecciones que anticipan un agravamiento de la crisis hacia 2040, lo que comprometería la producción agrícola, ganadera y el abasto de alimentos.
Buscan que el derecho al agua prevalezca sobre intereses económicos
Con esta reforma, el PAN busca modificar el modelo de gestión del agua para que las decisiones sobre concesiones y explotación del recurso tengan como eje el derecho humano al agua y al saneamiento, particularmente en las regiones donde la disponibilidad del recurso se encuentra al límite o ha sido rebasada por la demanda.
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