Un juez federal fue suspendido de sus funciones por una falta administrativa relacionada con el proceso penal del llamado caso Wallace, luego de que presuntamente negara un permiso para que Brenda Quevedo Cruz, quien permanece en prisión domiciliaria y enfrenta juicio por el secuestro de Hugo Alberto Wallace, pudiera ser trasladada a un hospital privado para recibir atención médica.
La medida disciplinaria fue impuesta tras determinarse, de manera preliminar, que el impartidor de justicia incurrió en una omisión al no resolver favorablemente la solicitud de traslado médico presentada por la defensa de Quevedo Cruz, situación que derivó en una investigación administrativa dentro del Poder Judicial.
La sanción revive cuestionamientos sobre el proceso Wallace
El caso Wallace se mantiene como uno de los expedientes judiciales más controvertidos del país. Brenda Quevedo fue detenida en 2007 en Estados Unidos y extraditada a México dos años después. Permaneció más de 15 años en prisión preventiva antes de obtener el beneficio de prisión domiciliaria en 2024, sin que exista una sentencia definitiva en su contra.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han señalado presuntas violaciones al debido proceso durante la investigación, entre ellas denuncias de tortura, fabricación de pruebas y prolongación excesiva de la prisión preventiva.
Atención médica, origen de la suspensión
La suspensión del juez deriva específicamente de la negativa para autorizar el traslado de Brenda Quevedo a un hospital privado, pese a que la defensa argumentó la necesidad de atención especializada debido a su estado de salud.
La determinación administrativa no modifica el proceso penal que enfrenta la acusada, pero sí representa un señalamiento al actuar del juzgador por el presunto incumplimiento de sus obligaciones al garantizar el acceso a servicios médicos durante la aplicación de la medida cautelar de prisión domiciliaria.
Un expediente bajo permanente escrutinio
En los últimos meses, el caso Wallace ha cobrado nueva relevancia tras diversas resoluciones judiciales que han cuestionado la legalidad de pruebas obtenidas durante la investigación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó en 2025 la liberación de Juana Hilda González al considerar que la confesión utilizada para condenarla fue obtenida mediante tortura, resolución que incrementó el escrutinio sobre las investigaciones relacionadas con el expediente Wallace.
Ahora, la suspensión del juez por su actuación respecto a Brenda Quevedo añade un nuevo capítulo a un caso que continúa generando cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso, la protección de los derechos humanos y el desempeño de los operadores del sistema de justicia mexicano.
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