El diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) presentó una iniciativa para poner fin a las demoras de las aseguradoras en la resolución de siniestros y la reparación de vehículos, mediante plazos máximos obligatorios para el pago de indemnizaciones, la entrega de automóviles y compensaciones económicas en caso de incumplimiento.
La propuesta reforma la Ley sobre el Contrato de Seguro y la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, con el objetivo de fortalecer los derechos de los usuarios frente a una de las principales causas de reclamación en el sector asegurador.
Aseguradoras tendrían 30 días para pagar y 60 para resolver siniestros de autos
La iniciativa establece que las compañías de seguros deberán pagar la indemnización o concluir la resolución del siniestro dentro de los 30 días posteriores a la recepción de toda la documentación necesaria.
En el caso de los seguros de automóviles, el plazo máximo para resolver definitivamente el siniestro y cubrir la indemnización no podrá exceder de 60 días naturales contados desde el aviso del accidente presentado por el asegurado.
Ese periodo únicamente podrá suspenderse por orden judicial o cuando el propio asegurado omita entregar documentos indispensables, situación que deberá ser notificada por escrito por la aseguradora dentro de los primeros 15 días posteriores al siniestro.
Retrasos obligarían a pagar intereses y compensaciones
La propuesta señala que si la aseguradora incumple los plazos establecidos, deberá cubrir la indemnización por mora prevista en la legislación vigente, calculada desde el primer día del siniestro.
Además, plantea nuevas obligaciones para proteger la movilidad del usuario mientras su vehículo permanece en reparación.
Garantizan auto sustituto o pago para transporte
El proyecto establece que las pólizas deberán indicar claramente el plazo máximo de reparación y entrega del vehículo.
Si la reparación supera los 60 días naturales, la aseguradora estará obligada a proporcionar un automóvil sustituto de características similares al del asegurado o, en su defecto, cubrir diariamente los gastos de transporte.
Asimismo, la valuación técnica del vehículo deberá realizarse dentro de las 72 horas posteriores al reporte del siniestro.
Pólizas deberán informar tiempos de reparación
La iniciativa incorpora el principio de «certeza de plazo», por lo que todas las pólizas y contratos deberán especificar de manera obligatoria los tiempos máximos para reparar y entregar los vehículos.
También obliga a incluir cronogramas de cumplimiento de los servicios asegurados y garantías de movilidad para los usuarios.
Multas por cada día de retraso
Cuando la demora sea atribuible a la aseguradora o a su red de talleres, ésta deberá pagar al asegurado una pena convencional equivalente al doble del valor de la reparación por cada día de retraso, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
CNSF no podrá autorizar pólizas ambiguas
La iniciativa también plantea que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) no registre ni autorice modelos de pólizas que omitan los tiempos de entrega tras un siniestro o que no contemplen mecanismos de compensación por pérdida de movilidad.
Con ello se busca evitar contratos con cláusulas ambiguas que permitan prolongar indefinidamente los procesos de reparación.
Acusan vacío legal que deja indefensos a los asegurados
El legislador argumentó que la legislación vigente no fija un límite específico para resolver los siniestros de automóviles, lo que ha permitido que algunas aseguradoras retrasen los procedimientos mediante solicitudes sucesivas de documentos o prolonguen durante meses la entrega de los vehículos, argumentando falta de refacciones o saturación de talleres.
Añadió que esta situación obliga a miles de usuarios a asumir gastos adicionales de transporte, pese a haber contratado un seguro para proteger su patrimonio.
Seguro de auto concentra el mayor número de reclamaciones
La iniciativa, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, advierte que el seguro de automóvil enfrenta una crisis de confianza.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), este producto concentra el mayor número de reclamaciones, principalmente por la negativa al pago de indemnizaciones y por los excesivos tiempos de reparación y resolución de los siniestros.
Con la reforma, el PVEM busca cerrar los vacíos legales que hoy permiten prácticas dilatorias y garantizar mayor certeza jurídica, transparencia y protección para millones de asegurados en México.
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