El gobierno federal rechazó que los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias otorguen al Estado la facultad de decidir qué información es verdadera o falsa o de censurar a los medios de comunicación. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, sostuvo que serán los propios concesionarios quienes determinen, mediante sus códigos de ética, la forma en que garantizarán el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria aseguró que los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones han sido objeto de una «campaña de desinformación» que, dijo, ha distorsionado su verdadero alcance.
«Hay que decirlo así claramente: hay una campaña de desinformación que estableció algunas premisas que están muy alejadas de lo que dicen los lineamientos.»
Explicó que el documento, el cual permanece en consulta pública y aún no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, deriva de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y desarrolla el derecho de las audiencias previsto en el artículo sexto de la Constitución.
Frente a las críticas de periodistas y comentaristas que han advertido riesgos de censura, Alcalde insistió en que la regulación no faculta a ninguna autoridad para revisar o calificar contenidos informativos.
«Los lineamientos no hablan en ningún caso de que se sancionen contenidos, ni de que sea el Estado el que determine qué es verdad y qué no es verdad.»
La consejera jurídica explicó que la obligación de garantizar información verificada recaerá en los propios medios de comunicación.
«Son los propios medios de comunicación los que tienen la obligación de emitir códigos de ética… El Estado no va a evaluar si es verdad o no es verdad; serán los propios medios de comunicación, a través de sus códigos de ética, los que establezcan cómo van a garantizar que esa información sea veraz.»
Precisó que cada concesionario deberá establecer los criterios que seguirá para ofrecer información verificada y designar a un defensor de las audiencias que atienda las quejas de radioescuchas y televidentes.
«Es el propio medio de comunicación, la propia concesionaria, la que determina y nombra a quien será su defensor de audiencias.»
Alcalde también respondió a los señalamientos de que el gobierno impondrá sanciones por opiniones críticas o por información que incomode a las autoridades.
Aclaró que las facultades de la autoridad únicamente aplicarán cuando un concesionario incumpla obligaciones previstas en la ley, como no publicar su código de ética, no nombrar un defensor de las audiencias o carecer de mecanismos para recibir reclamaciones ciudadanas.
«La autoridad intervendría cuando hay un incumplimiento de algunas de estas obligaciones… eso nada tiene que ver con censura y nada tiene que ver con intervenir en qué información se presenta.»
La funcionaria dedicó parte de su exposición a responder las críticas sobre la supuesta obligación de distinguir permanentemente entre noticias y opiniones durante las transmisiones.
Calificó esas versiones como una interpretación «absurda» y explicó que los lineamientos únicamente prevén que, al inicio y al final de los programas, se informe cuando un espacio combine contenidos noticiosos con opiniones.
«No quiere decir regresar al absurdo de que cada que vas a decir una opinión tengas que advertirlo.»
Asimismo, defendió la obligación de identificar los contenidos publicitarios para que las audiencias puedan distinguir entre información periodística y espacios pagados.
Detalló que en televisión bastará con mostrar una letra «P» al inicio y al final de los segmentos comercializados, mientras que en radio deberá advertirse previamente cuando se trate de una inserción pagada.
«Cuando estoy viendo el programa puedo saber que ese canal está recibiendo recursos económicos para publicitar un producto. Eso es todo. ¿Qué tiene que ver esto con censura?»
Alcalde argumentó que este tipo de medidas ya forman parte de las prácticas habituales en medios impresos y plataformas digitales, donde los contenidos patrocinados se identifican para evitar confundir a las audiencias.
Finalmente, sostuvo que los lineamientos no restringen la libertad de expresión, sino que buscan garantizar el derecho constitucional de las audiencias a recibir información diferenciada entre hechos, opiniones y publicidad.
«Está muy alejado de una intención de censura, de una intención de multar por pensar diferente; al contrario, protegen el artículo sexto constitucional, que es darnos herramientas a todas y todos para poder tener información veraz y no tratar de engañar a las audiencias.»
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