La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que buscará un presupuesto de 6 mil 104.5 millones de pesos para 2027, un incremento real de 12.7 por ciento frente a los recursos aprobados para este año, y que dentro de su previsión de gasto incluyó la contratación de un Seguro de Gastos Médicos Mayores para prácticamente todo su personal.
La decisión abrió un nuevo frente dentro del máximo tribunal. La ministra Lenia Batres Guadarrama rechazó el anteproyecto y difundió el oficio que envió al titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano, para solicitar una revisión antes de que el proyecto presupuestal siga su curso hacia la Secretaría de Hacienda.
Corte defiende aumento de presupuesto para 2027
La SCJN sostuvo que el anteproyecto responde a criterios de austeridad, racionalidad, eficiencia y transparencia y argumentó que ocho de cada diez pesos solicitados serán utilizados para cubrir salarios y prestaciones contempladas en la legislación y en las condiciones generales de trabajo.
El tribunal recordó además que durante 2025 y 2026 sufrió recortes respecto de los recursos originalmente solicitados. En 2025, señaló, la disminución fue de 12 por ciento, equivalente a 714.4 millones de pesos, mientras que para 2026 alcanzó 11.2 por ciento, unos 661 millones.
Para enfrentar el ajuste de este año, la Corte aseguró que eliminó gastos de telefonía móvil, redujo recursos para gasolina, canceló el incremento salarial del personal y suprimió 83 plazas administrativas, equivalentes al 10 por ciento de la plantilla de esas áreas.
También justificó que parte de los nuevos recursos permitirá atender el mantenimiento de instalaciones y reactivar proyectos de innovación y mejora institucional, entre ellos la renovación tecnológica de Plural TV, cuyo equipo tiene más de dos décadas de antigüedad.
Seguro médico divide al Pleno de la Suprema Corte
Uno de los puntos que detonaron la controversia fue la decisión del Pleno de incluir recursos para contratar un Seguro de Gastos Médicos Mayores.
La previsión fue aprobada por seis de los nueve integrantes del Pleno y beneficiaría a todo el personal de la Suprema Corte, excepto a ministras y ministros. Su contratación, sin embargo, dependerá de que exista disponibilidad presupuestaria y de que la Cámara de Diputados apruebe los recursos.
El alcance anunciado por la Corte es mayor al descrito inicialmente por Batres. La ministra había denunciado la restitución del seguro para más de 300 servidores públicos de mandos medios y superiores; posteriormente, la SCJN precisó que la previsión presupuestaria contempla al conjunto del personal, salvo los integrantes del Pleno.
Batres acusa retroceso en austeridad
Batres sostuvo que el aumento proyectado podría echar abajo los esfuerzos de austeridad emprendidos en el Poder Judicial y cuestionó que se pretenda recuperar recursos que la Cámara de Diputados recortó para 2026.
Según el documento difundido por la ministra, el Pleno aprobó en sesión privada del 6 de agosto solicitar 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos, cifra que representa un aumento nominal de aproximadamente 17.2 por ciento respecto del presupuesto autorizado para 2026. La Corte calcula el incremento en 12.7 por ciento en términos reales, una vez considerado el efecto de la inflación.
Batres también cuestionó que el seguro médico privado se incorporara, según su versión, sin un estudio previo y argumentó que los servidores públicos ya cuentan con cobertura del ISSSTE.
La ministra pidió excluir de esa prestación a las 95 personas adscritas a su ponencia, además de ella misma, y sostuvo que dicho personal no ha recibido esos seguros desde su incorporación a la Corte.
Pensiones de exministros, también bajo cuestionamiento
El oficio de Batres amplió la disputa a otros rubros del gasto. La ministra planteó revisar las pensiones de exministras y exministros, así como plazas y estructuras administrativas relacionadas con su atención.
De acuerdo con cifras de la Dirección de Gestión Administrativa citadas por Batres, el excedente relacionado con pensiones supera los 54 millones de pesos, mientras que las plazas vinculadas representarían otros 39 millones de pesos si se conservara únicamente una.
También propuso eliminar áreas como Protocolo, Atención a Ministros y Atención a Ex Ministros, aunque afirmó que la medida no implicaría despedir a los trabajadores adscritos a esas oficinas.
Presupuesto desata choque interno en la nueva Corte
La disputa presupuestal escaló hasta la sesión pública del jueves 13 de agosto.
Durante la discusión de uno de sus proyectos, Batres acusó que existía una “animadversión insana” hacia ella y sugirió que el ambiente podía estar relacionado con el oficio que había enviado al OAJ sobre el presupuesto.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, rechazó esa interpretación y sostuvo que las posiciones expresadas por los ministros obedecían a argumentos jurídicos, no a diferencias personales. Incluso señaló que en ese momento se estaba enterando del documento enviado por Batres.
Diputados tendrán la última palabra
El anteproyecto fue remitido al Órgano de Administración Judicial y posteriormente deberá integrarse al proceso presupuestario federal.
La definición final quedará en manos de la Cámara de Diputados, que tiene la facultad constitucional de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Deja una respuesta