La extorsión no da tregua en México. Mientras otros delitos de alto impacto registran descensos, este ilícito alcanzó en el primer semestre de 2026 su nivel más alto de los últimos 11 años y mantiene una enorme zona de impunidad: 97 de cada 100 casos no se denuncian o no llegan a una investigación, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Entre enero y junio fueron contabilizadas oficialmente 6 mil 562 víctimas de extorsión, 551 más que durante el mismo periodo de 2025, lo que significó un incremento anual de 9.17 por ciento, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) retomadas este domingo por el organismo empresarial.
El dato convierte al primer semestre de 2026 en el peor para este delito desde 2015. Sin embargo, el registro oficial apenas muestra una fracción del problema.
Datos de la ENVIPE 2025 del INEGI ubican en 97 por ciento la cifra oculta de la extorsión durante 2024, es decir, aquellos delitos que no fueron denunciados o respecto de los cuales no se inició una investigación.
Coparmex exige aplicar la ley contra la extorsión
Ante el repunte, Coparmex reclamó pasar de los diagnósticos a la aplicación efectiva de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, promulgada en noviembre de 2025.
El organismo demandó concluir la homologación de las legislaciones estatales con la legislación general y garantizar recursos suficientes para que las unidades especializadas contra la extorsión operen dentro de las fiscalías locales.
La exigencia cobra relevancia porque el Consejo Nacional de Seguridad Pública había establecido que las entidades que carecieran de unidades especializadas debían formalizar su creación y operación a más tardar en enero de 2026, con personal ministerial, policial y pericial capacitado, además de recursos técnicos y operativos.
La propia ley establece la existencia de estas unidades especializadas y dispone que, mientras terminan de constituirse, las fiscalías pueden utilizar las estructuras especializadas contra el secuestro.
Extorsión crece en 19 estados
El deterioro se extendió a buena parte del País. Diecinueve entidades registraron más víctimas durante el primer semestre frente al mismo periodo de 2025 y 12 alcanzaron su máximo para un primer semestre en los últimos 11 años.
Los incrementos porcentuales más pronunciados ocurrieron en Chihuahua, donde las víctimas pasaron de 4 a 97, un salto de 2 mil 325 por ciento; Zacatecas, con un crecimiento de 551.4 por ciento, al pasar de 35 a 228; Yucatán, con 400 por ciento, de uno a cinco casos, y Tabasco, con 184.2 por ciento, al subir de 82 a 233 víctimas.
Por tasa, Morelos encabezó el registro nacional con 18.8 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguido de Querétaro, con 15.5; Zacatecas, 13.2; Ciudad de México, 12.7, y Baja California Sur, 12.4.
En el ámbito municipal, Cuautla, Morelos, presentó la mayor tasa del País, con 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes. Además, la mitad de los 20 municipios o alcaldías con las tasas más elevadas se concentró únicamente en Guanajuato y la Ciudad de México.
Siete de cada 10 extorsiones son a distancia
El delito también ha cambiado de rostro. Según el Monitor de Seguridad de Coparmex, siete de cada 10 extorsiones registradas entre enero y junio fueron cometidas a distancia, mediante llamadas telefónicas, internet o redes sociales.
Dos de cada 10 fueron presenciales y el resto correspondió a tentativas, conforme a la nueva metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva.
La tendencia contrasta con otros delitos analizados por el organismo. Durante el mismo semestre, el homicidio doloso disminuyó 30.1 por ciento; el secuestro, 25.3 por ciento; el robo a transportista, 19.4 por ciento; el robo de vehículo, 16.9 por ciento; el feminicidio, 10.7 por ciento, y el robo a negocio, 7.3 por ciento. La extorsión fue el delito que se movió a contracorriente.
Pide Coparmex cerrar espacios a la extorsión
Además de homologar las leyes estatales y garantizar unidades especializadas, Coparmex pidió instalar inhibidores de comunicaciones en los centros penitenciarios, dar seguimiento al desempeño de las fiscalías y verificar el cumplimiento de las medidas a través de sus Centros Empresariales.
La organización empresarial ha advertido que la extorsión no sólo representa un problema de seguridad pública, sino un lastre para la actividad económica, al elevar los costos de operación, inhibir inversiones y golpear particularmente a las pequeñas y medianas empresas.
El desafío para la Administración de Claudia Sheinbaum será reducir una cifra negra que prácticamente invisibiliza el fenómeno: mientras los registros oficiales contabilizan miles de víctimas, el INEGI estima que 97 por ciento de las extorsiones permanece fuera de las investigaciones formales.
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