Van por hasta 10 años de cárcel por usurpación de identidad en México

Plantean castigar el robo de identidad con hasta 10 años de cárcel

Ante el crecimiento de fraudes mediante cuentas bancarias, redes sociales, llamadas telefónicas y aplicaciones como WhatsApp, la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (PT) propuso castigar hasta con 10 años de prisión la usurpación de identidad.

La iniciativa plantea incorporar este delito al Código Penal Federal y sancionarlo con penas de dos a 10 años de cárcel y hasta 400 días multa.

El proyecto, turnado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, adiciona un Capítulo III Quáter, denominado “Usurpación de identidad”.

De acuerdo con la propuesta, cometerá este delito quien, por cualquier medio, obtenga datos personales en perjuicio de un tercero con el propósito de suplantar su identidad y conseguir un beneficio propio o para otra persona, o utilizarlos para cometer algún otro ilícito.

Endurecen castigo para especialistas en informática

La iniciativa propone aumentar en una mitad las penas cuando el responsable cuente con licenciatura, ingeniería u otro grado académico reconocido relacionado con informática o telemática.

Además de la prisión y multa correspondiente, se plantea suspender al responsable el derecho de ejercer su actividad profesional durante un periodo de uno a cinco años.

Elizondo Guerra argumentó que México carece actualmente de una legislación federal específica que sancione la usurpación de identidad, mientras que únicamente 16 entidades federativas la tienen tipificada en distintos ordenamientos.

La reforma busca que este delito sea castigado bajo los mismos criterios y con el mismo rigor en todo el territorio nacional.

Alertan por robo de cuentas de WhatsApp

La legisladora advirtió que la usurpación de identidad no sólo provoca daños patrimoniales, pues los delincuentes acceden también a información privada y datos personales que posteriormente pueden utilizar para cometer otros ilícitos.

Entre las modalidades señaladas están la suplantación mediante cuentas bancarias, redes sociales y llamadas telefónicas, en las que los delincuentes aprovechan información personal, homonimias, parecido físico o incluso similitudes de voz para hacerse pasar por sus víctimas.

La iniciativa pone especial atención en el robo de cuentas de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

En esta modalidad, refiere, el ciberdelincuente busca obtener el código necesario para activar en otro teléfono la cuenta de la víctima y, una vez que consigue el acceso, asume su identidad.

A partir de ello puede contactar a familiares, amigos o conocidos y utilizar la confianza de la víctima para realizar engaños u otras conductas delictivas.

Fraude bancario prende alertas por robo de datos

Otro de los focos de atención es el fraude cibernético bancario, mediante el cual delincuentes obtienen información financiera para apropiarse de recursos de los usuarios.

La propuesta advierte que los ciberdelincuentes recurren a llamadas telefónicas, mensajes y redes sociales para engañar a las víctimas, conseguir información de sus cuentas bancarias y posteriormente desfalcar sus recursos.

Elizondo Guerra sostuvo que la expansión de la vida digital ha incrementado la exposición de los ciudadanos a este tipo de delitos.

Compras por Internet, redes sociales, mensajería, servicios financieros digitales, juegos y educación en línea forman actualmente parte de las actividades cotidianas de millones de personas.

Piden cerrar paso a ciberdelincuentes

La diputada señaló que esa apertura tecnológica también ha permitido la infiltración de organizaciones criminales en las redes para afectar el patrimonio y bienestar de los usuarios de Internet.

Por ello, consideró necesario establecer reglas federales que permitan perseguir y sancionar de manera uniforme la usurpación de identidad, independientemente de la entidad en la que ocurra.

La iniciativa busca, además, establecer sanciones que inhiban este tipo de conductas y definir con mayor precisión qué actos configuran el delito.

Elizondo Guerra planteó que autoridades, sectores sociales y productivos deben garantizar no sólo el acceso a las tecnologías, sino condiciones de seguridad cibernética que permitan a los usuarios realizar sus actividades digitales con certeza, rapidez y seguridad.

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