El caso de “Chuchito Nini”, adolescente de 15 años abatido durante un operativo federal contra un presunto líder criminal en Michoacán, puso nuevamente bajo la lupa el reclutamiento de menores por organizaciones delictivas y el tratamiento legal que reciben cuando son detenidos o localizados dentro de células criminales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que un adolescente involucrado en actividades delictivas puede ser considerado víctima si existen elementos que indiquen que previamente fue reportado como desaparecido o que pudo haber sido incorporado de manera forzada al crimen organizado.
“A veces, incluso aunque hayan cometido un delito, se les considera víctimas, dependiendo de la característica de cuándo fue denunciada su posible desaparición”, declaró durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional.
El planteamiento presidencial surgió al ser cuestionada sobre la muerte de “Chuchito Nini”, de 15 años, durante un despliegue de fuerzas federales realizado en Tocumbo, Michoacán, contra Luis Enrique “N”, alias “El Güicho” o “R5”, identificado por autoridades como dirigente de una estructura criminal con presencia en la región.
De acuerdo con información oficial difundida tras el operativo, fuerzas federales fueron agredidas con armas de fuego y repelieron el ataque. En el lugar murieron el objetivo del despliegue y otro acompañante, posteriormente identificado en reportes periodísticos como el adolescente conocido por el alias de “Chuchito Nini”.
Frente a este tipo de casos, Sheinbaum explicó que corresponde a las fiscalías determinar la condición jurídica de los jóvenes, particularmente cuando existe un antecedente de desaparición.
“Cuando hay un joven que por alguna razón fue denunciado como desaparecido y es detenido, muchas veces depende de la fiscalía; evidentemente se le considera víctima, pero eso es un asunto de la fiscalía, de cómo establece estas condiciones”, sostuvo.
La mandataria señaló que este tipo de situaciones también forma parte del proceso de revisión de los registros de personas desaparecidas, con el objetivo de confirmar la identidad y circunstancias de cada caso.
Explicó que existen registros que cuentan con información incompleta, incluso únicamente con apodos, lo que dificulta las labores de búsqueda y localización.
El caso del adolescente abatido abre nuevamente el debate sobre el uso de menores por grupos criminales, así como sobre la dificultad de establecer cuándo un joven debe ser considerado probable responsable de un delito y cuándo víctima de reclutamiento, desaparición o coacción.
En otro tema, Sheinbaum reconoció la necesidad de atender la sobrepoblación penitenciaria en distintas entidades del país y explicó que no todas las personas privadas de la libertad pueden ser trasladadas a centros federales.
“No todas las personas detenidas por algún delito pueden llevarse a centros de detención federal; eso lo establece también la ley, porque hay delitos del fuero común y hay delitos federales”, afirmó.
Añadió que, además de las restricciones derivadas del tipo de delito, existen recursos judiciales que pueden impedir el traslado de internos.
“Hay otros que no pueden trasladarse o también hay amparos que ponen las propias personas que evitan que se pueda trasladar de un lugar a otro”, indicó.
La Presidenta adelantó que el Gobierno federal trabaja con diversas entidades en un proyecto para ampliar la infraestructura penitenciaria y disminuir la saturación de los centros de reclusión.
“Nuestro objetivo es, junto con distintas entidades de la República, poder hacer nuevos centros de detención, también con nuevas características distintas, para que no haya la sobrepoblación, porque no debe haber sobrepoblación en ningún centro de detención”, señaló.
El proyecto, dijo, está contemplado para el próximo año y será presentado oficialmente más adelante.
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