La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para impedir que proveedores cobren precios diferentes a mujeres y hombres por bienes o servicios sustancialmente equivalentes cuando no exista una justificación objetiva.
El dictamen, avalado por 21 votos, modifica el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y busca combatir prácticas comerciales conocidas como “impuesto rosa”, mediante las cuales productos dirigidos a mujeres pueden venderse a precios mayores pese a ofrecer características similares.
La iniciativa fue presentada originalmente por el Congreso de la Ciudad de México y recibió el respaldo de la Comisión presidida por el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del PAN.
Prohíben diferencias sin justificación objetiva
La reforma establece que los proveedores no podrán fijar diferencias de precio basadas directa o indirectamente en el género de la persona consumidora cuando se trate de bienes o servicios sustancialmente equivalentes.
Las diferencias únicamente podrán mantenerse cuando exista una razón objetiva y verificable relacionada con características, calidad, composición, cantidad, funcionalidad, costos o condiciones de comercialización.
El dictamen también precisa que para determinar si dos bienes o servicios son equivalentes podrán analizarse elementos como presentación, empaque, denominación y estrategia de mercadotecnia.
Empaque distinto no bastará para cobrar más
La Comisión advirtió que la sola existencia de diferencias en presentación, empaque, nombre comercial o estrategia publicitaria no será suficiente para justificar un precio distinto.
Con ello, se busca evitar que modificaciones menores o exclusivamente comerciales sirvan para elevar el costo de productos dirigidos específicamente a mujeres o a hombres.
El objetivo, señala el dictamen, es fortalecer el marco de protección al consumidor y establecer mecanismos específicos contra la diferenciación injustificada de precios por razones de género.
Buscan cerrar paso al llamado ‘impuesto rosa’
Los diputados consideraron que el Estado debe garantizar condiciones de acceso igualitario al mercado y proteger los intereses económicos de las personas consumidoras.
La Comisión sostuvo que la protección al consumidor constituye un asunto de interés público que permite intervenir mediante legislación para prevenir, corregir y sancionar prácticas que afecten la equidad en las relaciones comerciales.
Reconoció que puede haber diferencias legítimas de precio por factores como calidad, cantidad, composición, funcionalidad, costos de producción, distribución o comercialización.
Sin embargo, enfatizó que esas variaciones no podrán estar relacionadas directa o indirectamente con el género de las personas a quienes se dirige el producto.
Ven discriminación en productos equivalentes
El dictamen expresa preocupación por aquellas prácticas en las que bienes o servicios prácticamente iguales se venden a precios diferentes únicamente porque están dirigidos a mujeres o a hombres.
La Comisión sostuvo que, cuando no exista una razón objetiva que explique el costo adicional, la diferencia podrá considerarse una práctica comercial discriminatoria.
La reforma deberá continuar su proceso legislativo antes de entrar en vigor y convertirse en una nueva obligación para proveedores y comercios.
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