Los gobiernos federal, estatales y municipales quedarían obligados a prevenir, atender y sancionar el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales, de acuerdo con una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados.
La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano (MC), propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer medidas específicas ante casos de reclutamiento, captación, utilización o instrumentalización de menores para cometer delitos.
La propuesta también contempla su incorporación a asociaciones delictuosas o grupos de delincuencia organizada, así como su utilización para realizar actividades en beneficio de esas estructuras o facilitar sus operaciones.
Incluyen captación de menores por medios digitales
La reforma establece que la protección deberá aplicarse independientemente del mecanismo utilizado para vincular a los menores con grupos criminales, incluidos los entornos digitales.
También reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a desarrollarse en espacios libres de violencia y establece que ninguna circunstancia podrá justificar su reclutamiento, captación o utilización para cometer delitos o favorecer a organizaciones criminales.
Cuando un menor sea víctima de estas prácticas, las autoridades tendrían que garantizar su protección, recuperación y desvinculación segura, además de la restitución integral de sus derechos.
El objetivo, señala la iniciativa, será evitar la revictimización o una nueva incorporación a grupos delictivos y favorecer la reintegración familiar y comunitaria, bajo el principio del interés superior de la niñez.
Prevén atención psicológica, educativa y reintegración familiar
Entre las medidas de recuperación se plantea brindar atención médica y psicológica especializada, garantizar la continuidad o reincorporación escolar y, cuando sea necesario, facilitar el traslado a otro plantel educativo.
También se propone fortalecer redes familiares y comunitarias seguras, impulsar actividades culturales, deportivas y recreativas, así como ofrecer capacitación y orientación vocacional.
Estas acciones deberán contribuir a reconstruir el proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes afectados por su vinculación con organizaciones criminales.
Crearían instancia especial contra reclutamiento criminal
La iniciativa plantea que los tres órdenes de gobierno conformen una instancia multidisciplinaria encargada de establecer mecanismos de prevención, detección, atención y canalización de casos relacionados con el reclutamiento de menores.
Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tanto federal como locales, también tendrían que desarrollar estrategias de protección y, cuando resulte necesario, de reubicación temporal.
Además, deberán supervisar los planes de restitución de derechos y verificar que hayan desaparecido las condiciones que puedan provocar una nueva captación o revictimización.
Pide Ballesteros atacar causas, no sólo elevar penas
Ballesteros Mancilla sostuvo que el reclutamiento de menores constituye una forma de violencia y que la respuesta del Estado no puede limitarse al endurecimiento de las sanciones penales.
Consideró necesario atender las condiciones que facilitan la captación de menores por organizaciones delictivas y garantizar mecanismos que permitan su salida segura de esas estructuras.
La legisladora se pronunció por reforzar las políticas de prevención, protección y atención frente a los contextos que favorecen que menores sean incorporados a dinámicas de violencia y utilizados por grupos criminales.
La iniciativa reforma los artículos 47, 48, 57 y 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis.
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