Padres, tutores o terceros que utilicen de manera sistemática la imagen, voz o datos personales de menores para obtener ingresos, patrocinios o beneficios publicitarios podrían incurrir en una modalidad de explotación económica o comercial digital.
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del PT, presentó una iniciativa para adicionar una fracción al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La reforma obligaría a autoridades federales, estatales, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México a prevenir, atender y sancionar este tipo de prácticas.
La propuesta define la explotación digital como aquella que utiliza redes sociales, plataformas digitales o medios de transmisión para monetizar de forma sistemática la imagen, voz o información personal de niñas, niños y adolescentes cuando se vulneren derechos como privacidad, educación, salud mental, desarrollo integral o descanso.
Ponen la mira en el ‘sharenting comercial’
Rojo Pimentel identifica como uno de los problemas centrales el denominado sharenting comercial, también descrito como trabajo infantil digital.
El término se refiere, en el contexto de la iniciativa, a la explotación intensiva y mercantilizada de la vida privada de menores para generar ganancias económicas mediante contenido publicado por sus padres, tutores o terceros.
La legisladora advierte que estas prácticas suelen presentarse como entretenimiento familiar o actividades cotidianas, aunque pueden traducirse en hiperexposición y aprovechamiento económico de menores.
Advierten sobre huella digital desde primeros años
La exposición de motivos señala que una amplia proporción de menores desarrolla presencia digital desde los primeros años de vida debido a publicaciones realizadas por adultos responsables de su cuidado.
Como referencia, estudios citados previamente por autoridades mexicanas han señalado que 81 por ciento de los bebés analizados tenía presencia en internet a los seis meses de edad y que, hacia los cinco años, podían circular cientos o incluso más de mil imágenes suyas en línea.
La diputada sostiene que este crecimiento de la exposición digital obliga a actualizar la legislación mexicana de protección a la infancia.
Buscan frenar monetización sin protección
La iniciativa pretende impedir que la representación legal que ejercen padres o tutores se convierta en un mecanismo para anteponer beneficios económicos a los derechos de los menores.
La reforma considera especialmente los posibles impactos sobre su privacidad, educación, salud mental, desarrollo y descanso.
Rojo Pimentel argumenta que la generación de contenido con menores puede dejar de ser una actividad familiar cuando se transforma en una práctica sistemática destinada a producir ingresos.
Plantean reconocer explotación infantil digital en la ley
La reforma incorporaría expresamente la explotación económica o comercial digital al catálogo de conductas que deben ser prevenidas y atendidas por las autoridades.
El objetivo es cerrar una laguna normativa frente a nuevas formas de monetización de contenido audiovisual que no estaban contempladas cuando se diseñaron las disposiciones tradicionales de protección infantil.
La iniciativa no plantea prohibir que padres publiquen cualquier imagen de sus hijos, sino actuar frente al uso sistemático y comercial que vulnere derechos de los menores.
Turnan iniciativa a comisión
La propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictamen.
Rojo Pimentel sostiene que el interés superior de la niñez debe prevalecer sobre cualquier beneficio económico generado mediante su exposición en plataformas digitales.
La iniciativa coloca así en la agenda legislativa un fenómeno que ha crecido junto con las redes sociales: familias que convierten la vida cotidiana de menores en contenido susceptible de generar publicidad, patrocinios y ganancias.
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