El Secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, aseguró ante el Senado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actúa sin excepciones y conforme a los requerimientos de las autoridades, pero sostuvo que no existe actualmente una investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio.
La respuesta llegó después de que senadores del PAN cuestionaron al funcionario por reportes periodísticos que atribuyen a la UIF una indagatoria sobre operaciones financieras de Olán, empresario señalado por sus vínculos con el entorno de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Amador sostuvo que la UIF funciona como coadyuvante de los procesos judiciales y que sus actuaciones están determinadas por los requerimientos de la Fiscalía y de otras autoridades.
La comparecencia ocurrió este martes 6 de octubre ante el Pleno del Senado, como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
PAN exige aclarar si UIF rastrea operaciones de Olán
El senador panista José Máximo García López pidió al titular de Hacienda confirmar o desmentir si la UIF mantiene abierta una investigación sobre Olán, luego de publicaciones que reportaron la existencia de una cuenta de inversión en Suiza por unos 72 millones de euros, equivalentes a alrededor de mil 400 millones de pesos.
El legislador también preguntó desde cuándo habría tenido conocimiento la UIF de dichas operaciones y qué acciones habría realizado dentro de sus atribuciones.
García López exigió garantías de que la Unidad utilizará los mismos criterios técnicos sin importar las relaciones personales, empresariales o políticas de las personas sujetas a revisión.
La controversia surgió después de que el periodista Carlos Loret de Mola publicó que la UIF habría abierto semanas atrás una investigación sobre Olán y detectado una cartera de inversión en UBS Switzerland AG por poco más de 72 millones de euros.
Ese señalamiento corresponde a una publicación periodística y, hasta ahora, no ha sido confirmado oficialmente por Hacienda en los términos planteados por el periodista.
Oposición apunta a contratos por miles de millones
La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mayuli Martínez Simón, escaló los cuestionamientos y acusó la existencia de una presunta red de tráfico de influencias, contratos públicos y negocios alrededor de personas cercanas a Andy López Beltrán.
La legisladora aseguró que los contratos y negocios relacionados con las personas que incluyó en esa red alcanzarían hasta 49 mil millones de pesos.
En el caso específico de Amílcar Olán, Martínez sostuvo que existen contratos por hasta 33 mil 500 millones de pesos y preguntó a Hacienda si permanecen vigentes contratos celebrados con el empresario o con compañías relacionadas con él.
Las cifras fueron presentadas por la senadora como parte de sus acusaciones y no constituyen, por sí mismas, determinaciones judiciales o administrativas firmes.
Llevan huachicol fiscal al centro de la comparecencia
Martínez también vinculó sus señalamientos con el llamado huachicol fiscal y aseguró que el presunto daño al erario por evasión del IEPS mediante importaciones irregulares de combustibles ascendería a 600 mil millones de pesos.
La panista mencionó a Portacelis Gas and Oil y atribuyó a esa empresa un presunto quebranto de 834 millones de pesos, al tiempo que cuestionó por qué las denuncias presentadas ante la FGR representarían sólo una fracción del monto que ella estima como afectación fiscal.
Los señalamientos forman parte de la posición política expresada por la legisladora durante la comparecencia y no equivalen a una sentencia o conclusión de autoridad competente.
Hacienda queda bajo presión por versiones contradictorias
La declaración de Amador abre un nuevo frente sobre el alcance real de las actuaciones de la UIF.
Mientras Hacienda sostiene que la Unidad no hace excepciones y que su intervención depende de los procesos y requerimientos de otras autoridades, publicaciones periodísticas aseguran que existe desde hace semanas una revisión sobre las operaciones financieras de Olán.
La oposición aprovechó esa diferencia para exigir que Hacienda precise si existe alguna revisión administrativa o financiera propia de la UIF, aun cuando no haya una carpeta de investigación de la FGR.
Por ahora, el Gobierno federal no ha confirmado públicamente la investigación descrita en los reportes periodísticos ni ha informado de una imputación contra Olán por los señalamientos planteados durante la comparecencia.
La discusión deja bajo presión a Hacienda para aclarar hasta dónde han llegado las revisiones financieras y si los contratos, empresas y operaciones señalados por la oposición han generado alguna actuación formal de las autoridades.
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