La Presidenta Claudia Sheinbaum endureció su posición frente a Estados Unidos luego de casi dos años de privilegiar la cooperación bilateral en seguridad, en medio de crecientes diferencias por las sanciones de Washington contra políticos, exfuncionarios y operadores mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, reportó The Wall Street Journal.
El diario estadounidense sostiene que la Mandataria está cada vez más inconforme con las acciones emprendidas por la Administración de Donald Trump contra redes políticas y financieras que Washington vincula con organizaciones criminales, al considerar que algunas decisiones invaden atribuciones mexicanas y afectan la soberanía nacional.
WSJ revela reclamo de Sheinbaum a su gabinete de seguridad
De acuerdo con personas enteradas de una reunión citadas por el WSJ, Sheinbaum cuestionó la semana pasada a integrantes de su gabinete de seguridad por sus planes para congelar en México cuentas bancarias de exfuncionarios sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense.
El reporte señala que la Presidenta reclamó que se asumieran como válidas las acusaciones provenientes de Washington sin que previamente fueran corroboradas por autoridades mexicanas y que habría sido especialmente crítica con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Finalmente, el Gobierno mexicano sí procedió al bloqueo de diversas cuentas, aunque Sheinbaum ha insistido públicamente en que una sanción administrativa estadounidense no constituye, por sí misma, prueba de responsabilidad penal en México.
Tesoro sanciona a 21 personas y 25 empresas
La nueva fricción bilateral se produjo después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó el 29 de septiembre a 21 personas y 25 entidades que, según Estados Unidos, forman parte de redes de liderazgo, financiamiento y protección política del Cártel de Sinaloa.
Entre los sancionados se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la Gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien el Tesoro estadounidense acusó de utilizar influencia política para favorecer operaciones de integrantes del Cártel de Sinaloa. Torres ha negado públicamente cualquier relación con actividades criminales.
La lista estadounidense incluye también a integrantes de la estructura encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, además de operadores financieros, empresarios y personas identificadas por Washington como facilitadores de la organización criminal.
Sheinbaum rechaza que sanción de EU pruebe nexos con el narco
Un día después de las sanciones, el 30 de septiembre, Sheinbaum explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó irregularidades en algunas de las cuentas señaladas y procedió a congelarlas, pero advirtió que esas anomalías no acreditaban automáticamente vínculos con organizaciones criminales.
La Presidenta afirmó que en varios casos la UIF encontró movimientos financieros irregulares, aunque sin elementos suficientes para presentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada.
Ese punto es central en el choque descrito por el Wall Street Journal: mientras Washington ha intensificado el uso de sanciones financieras contra presuntos facilitadores políticos y económicos de los cárteles, el Gobierno mexicano sostiene que cualquier acusación debe acompañarse de pruebas que puedan sostenerse bajo la legislación nacional.
Sube el tono por soberanía frente a Washington
El endurecimiento discursivo ocurre además en un contexto de otros roces recientes con Estados Unidos. Sheinbaum ha reiterado que la cooperación bilateral en seguridad continuará, pero ha colocado como límite el respeto a la soberanía y a las instituciones mexicanas.
Esta semana también cuestionó la participación del Embajador estadounidense Ronald Johnson en el anuncio de una academia de capacitación policial en Querétaro que, de acuerdo con la Presidenta, no había recibido autorización del Gobierno federal.
El Wall Street Journal interpreta estos episodios como una modificación en el tono que Sheinbaum había mantenido frente a Washington desde el inicio de su Gobierno: preservar la cooperación de seguridad con Estados Unidos sin abrir una confrontación pública con la Casa Blanca.
Ahora, frente al avance de investigaciones y sanciones estadounidenses que alcanzan a figuras relacionadas con Morena y gobiernos estatales, esa estrategia enfrenta mayores tensiones.
El desafío para Palacio Nacional será mantener la colaboración indispensable con Washington contra el narcotráfico y el lavado de dinero, mientras busca evitar que las acciones estadounidenses sean percibidas o utilizadas como mecanismos de intervención en asuntos internos de México.
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