La polémica por presuntos conflictos de interés en el Instituto Nacional Electoral (INE) alcanzó a la familia de su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, luego de que Latinus difundió imágenes de uno de sus hijos en una lujosa suite de París, acompañado de un empresario vinculado con contratos del organismo electoral por 245 millones de pesos.
El nuevo señalamiento se produce mientras Morena analiza revisar las facultades extraordinarias otorgadas a Taddei en 2024 y el coordinador de sus diputados federales, Ricardo Monreal, advierte que su bancada no encubrirá posibles actos de corrupción.
Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la consejera presidenta, aparece en una grabación difundida por Latinus junto a José Alfredo Hernández Casillas, representante de la empresa Cajas Graf, en una suite del hotel Le Meurice, uno de los establecimientos más exclusivos de la capital francesa.
Según la investigación periodística, el alojamiento tendría un costo aproximado de 200 mil pesos por noche, mientras que el empresario está relacionado con compañías que han obtenido contratos del INE por alrededor de 245 millones de pesos.
Video en París exhibe cercanía con proveedor del INE
En las imágenes, Hernández Casillas graba al hijo de Taddei mientras éste disfruta de champaña en una habitación con vistas a algunos de los principales atractivos turísticos de París.
“París a tus pies, chamaquito”, expresa el empresario durante la grabación difundida por Latinus.
El material también incluye referencias a convivencias familiares y reuniones del contratista con personas cercanas a la presidenta del organismo electoral.
La investigación muestra, además, fotografías de encuentros en una residencia ubicada en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, en los que aparecen integrantes de la familia de Taddei y el empresario.
Las revelaciones han incrementado los cuestionamientos sobre la relación personal entre la titular del INE y proveedores del instituto.
No obstante, las imágenes, por sí mismas, no acreditan que la funcionaria haya intervenido indebidamente en la adjudicación de contratos ni permiten establecer quién pagó todos los gastos del viaje.
Contratos por 245 millones de pesos, bajo cuestionamientos
De acuerdo con los reportes difundidos, Hernández Casillas está relacionado con Cajas Graf, compañía que ha participado en procesos de contratación para el suministro de materiales electorales.
Entre los antecedentes señalados se encuentra un contrato de 2025 para la elección judicial, cuyo monto máximo ascendía a 198.7 millones de pesos.
La cifra de 245 millones corresponde al monto acumulado atribuido por los reportes periodísticos a las contrataciones vinculadas con el empresario, no a una cantidad cuya recepción personal por Hernández Casillas esté acreditada.
Taddei ha rechazado que existan empresas favoritas dentro del instituto y ha defendido la necesidad de revisar expedientes y procedimientos de contratación antes de determinar responsabilidades.
Asimismo, anunció medidas de transparencia y solicitó la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Morena abre puerta a retirar los “superpoderes” de Taddei
En medio de la controversia, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, reconoció que Morena podría discutir una revisión de las atribuciones extraordinarias otorgadas a la presidencia del INE.
Estas facultades permiten a Taddei nombrar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin requerir la aprobación del Consejo General.
En conferencia de prensa del viernes 23 de octubre, Monreal consideró pertinente abrir una discusión legislativa sobre la concentración de esas atribuciones.
El legislador sostuvo que analizará el tema con Morena y las demás fuerzas políticas, aunque rechazó que la decisión de 2024 haya sido necesariamente equivocada.
Explicó que las facultades respondieron a una situación coyuntural en el instituto, pero admitió que las leyes pueden revisarse para evitar concentraciones excesivas de poder.
“No somos tapadera de nadie”, advierte Monreal
El coordinador morenista aseguró que su bancada no protegerá a funcionarios que hayan cometido ilegalidades, irregularidades o actos de corrupción.
“No somos tapadera de nadie”, declaró Monreal al ser cuestionado sobre los señalamientos contra la presidenta del INE.
Sin embargo, precisó que la Cámara de Diputados no tiene facultades jurídicas para exigir directamente la renuncia de Taddei, por lo que corresponde a las autoridades competentes investigar y determinar si existen responsabilidades.
El legislador insistió en que tampoco pueden formularse acusaciones definitivas sin elementos de prueba, debido a la importancia de preservar la credibilidad de la autoridad electoral.
ASF abre investigación por presuntas irregularidades en el INE
La Auditoría Superior de la Federación informó el 23 de octubre que inició una investigación de oficio sobre presunto uso indebido de recursos públicos en el INE, con posibles implicaciones para funcionarios y particulares.
Monreal también pidió la intervención del Órgano Interno de Control del instituto y, en el ámbito de sus atribuciones, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La actuación de las autoridades cobra relevancia ante los señalamientos sobre contrataciones millonarias y posibles vínculos personales entre proveedores y funcionarios del organismo.
El caso coloca bajo escrutinio tanto los procedimientos de adquisición del INE como los mecanismos de vigilancia sobre su presidencia.
Taddei rechaza renunciar; aumenta presión política
La consejera presidenta ha rechazado dejar el cargo y sostiene que las contrataciones del instituto deben evaluarse mediante documentos y procedimientos verificables.
Mientras tanto, la discusión sobre sus atribuciones extraordinarias abre un nuevo frente político para la funcionaria, cuyo mandato concluye en 2032.
Por ahora, la eventual modificación de sus facultades continúa en etapa de análisis parlamentario y no existe una resolución definitiva que acredite responsabilidades por los hechos denunciados.
La controversia plantea dos asuntos distintos: esclarecer si hubo irregularidades en los contratos públicos y determinar si las facultades concentradas en la presidencia del INE requieren nuevos controles institucionales.
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