Pese al incremento global de recursos para el campo mexicano, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 contempla reducciones en programas de fertilizantes, producción, acopio e infraestructura rural, esta última con una caída de casi 94 por ciento, advirtió el diputado federal de Morena, José Narro Céspedes.
El legislador exigió revisar la distribución del gasto agrícola y fortalecer los apoyos a pequeños y medianos productores, ante las dificultades para comercializar sus cosechas, acceder a financiamiento y enfrentar plagas que amenazan la producción nacional.
En conferencia de prensa, acompañado por integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Narro señaló que el proyecto presupuestal prevé 88 mil 758 millones de pesos para el Ramo 8, correspondiente a Agricultura y Desarrollo Rural, cifra superior a la autorizada en 2026.
Sin embargo, reconoció que el aumento general no garantiza mayores recursos para los programas que atienden directamente las necesidades de los agricultores.
«Es un incremento que hay que reconocer, es una señal de la importancia que tiene el campo para nuestro proyecto de nación, pero también debemos de revisar cómo se distribuyen esos recursos y si están llegando a los programas y a las actividades que más lo necesitan», expresó.
Recortan recursos a fertilizantes, producción y acopio agrícola
Narro detalló que el proyecto de gasto contempla reducciones en tres programas considerados prioritarios para la actividad agrícola.
Fertilizantes para el Bienestar pasaría de 18 mil 200 millones de pesos aprobados para 2026 a 17 mil millones en 2027, una disminución de mil 200 millones.
Producción para el Bienestar tendría una asignación de 17 mil millones, frente a los 17 mil 472 millones del presente ejercicio, lo que representa 472 millones menos.
En tanto, Acopio para el Bienestar registraría una baja de 2 mil 555 millones de pesos, al pasar de 13 mil millones a 10 mil 445 millones, según las cifras expuestas por el morenista.
Los ajustes en estos programas también han sido señalados por organizaciones campesinas y especialistas del sector agroalimentario durante la discusión del paquete presupuestal.
Infraestructura rural perdería 601 millones de pesos
Uno de los recortes más pronunciados, advirtió el legislador, corresponde al programa presupuestario K017, relacionado con infraestructura rural.
De acuerdo con los datos que presentó, su asignación pasaría de 641 millones de pesos en 2026 a sólo 40 millones en 2027.
La reducción equivale a 601 millones de pesos, es decir, 93.8 por ciento respecto del presupuesto anterior.
Narro consideró indispensable conocer qué proyectos podrán financiarse con esa cantidad y cuáles serían las consecuencias para las comunidades rurales que requieren infraestructura para mejorar sus actividades productivas.
El diputado sostuvo que, desde la Cámara de Diputados, impulsará una revisión de las cifras para identificar alternativas que permitan ampliar las inversiones y evitar que las reducciones afecten a las comunidades campesinas.
Alertan por gusano barrenador y presupuesto para sanidad agroalimentaria
El morenista también expresó preocupación por los recursos destinados a sanidad e inocuidad agroalimentaria.
Explicó que el proyecto contempla alrededor de 3 mil 787 millones de pesos, una cantidad similar a la aprobada para 2026, pese al incremento de costos y a los problemas sanitarios que enfrenta el sector ganadero.
Entre los principales riesgos mencionó el gusano barrenador, cuya presencia representa un desafío para productores pecuarios y autoridades sanitarias.
«Proteger la sanidad del campo significa cuidar nuestros cultivos, nuestra ganadería y nuestros alimentos. Significa proteger el trabajo de miles de productores que pueden ver afectados sus ingresos cuando una enfermedad o una plaga golpea la actividad», señaló.
Narro insistió en que la discusión presupuestal debe considerar no sólo los montos asignados, sino también la capacidad operativa de los programas para responder a las emergencias del sector.
Exigen crédito, mejores precios y certeza jurídica sobre la tierra
El diputado afirmó que el campo requiere una política integral que facilite el financiamiento, garantice condiciones de comercialización y fortalezca la seguridad jurídica de los ejidatarios y propietarios sociales.
Explicó que el programa Comercio Justo tendría una asignación de 11 mil 858 millones de pesos, de acuerdo con las cifras de su exposición, para apoyar los precios de comercialización de determinados productos agrícolas.
«El desafío es que esta política beneficie de manera efectiva a quienes producen, que sus reglas sean claras y que ningún sector de productores quede desatendido», indicó.
También demandó fortalecer a las instituciones agrarias encargadas de regular y registrar actos jurídicos relacionados con la propiedad social.
«Vamos a proponer nosotros, hay tres actividades medulares para sacar al campo del hoyo. El tema del crédito, necesitamos crédito para el campo, el tema de apoyos reales para la comercialización y el tema de certeza jurídica para la tierra», puntualizó.
Productores piden 20 mil millones para crear bancos agrícolas estatales
Por su parte, el agricultor y ganadero sinaloense Benjamín Valenzuela Segura propuso destinar 20 mil millones de pesos del Presupuesto federal de 2027 a la integración de fondos de garantía que permitan establecer bancos estatales especializados en financiar al sector agropecuario.
Explicó que estos mecanismos podrían constituirse con la participación de organizaciones de productores y servirían para ampliar el acceso al crédito, particularmente entre agricultores que enfrentan dificultades para obtener financiamiento comercial.
«La propuesta es que se creen bancos estatales, y estamos proponiendo que en este Presupuesto de Egresos 2027 se cree un fondo de 20 mil millones de pesos para establecer fondos de garantía que sirvan como capital social», manifestó.
La propuesta deberá ser analizada durante la discusión presupuestal, pues no forma parte de una asignación aprobada.
Proponen mantener granos básicos en T-MEC y crear fondo compensatorio
Valenzuela también planteó constituir un fondo compensatorio para productores de granos básicos, mediante acuerdos entre industriales, agricultores y autoridades.
El objetivo sería atender las desventajas económicas que enfrenta el sector agrícola debido a las variaciones del tipo de cambio y las condiciones de comercialización.
El productor explicó que, aunque respeta las propuestas de organizaciones campesinas que buscan excluir los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), su posición es mantener estos productos dentro del acuerdo comercial.
«Nosotros respetamos las propuestas que diversas organizaciones de productores están haciendo para sacar los granos básicos del Tratado de Libre Comercio, el T-MEC. Respetamos esa propuesta, pero nosotros tenemos otras sugerencias», sostuvo.
Consideró que un mecanismo compensatorio negociado entre los sectores involucrados permitiría apoyar a los agricultores con mayores dificultades económicas.
También propuso establecer precios mínimos para la comercialización de excedentes agrícolas, especialmente de frijol, mediante acuerdos con los gobiernos estatales y las organizaciones productoras.
Convocan a encuentro campesino para presionar por recursos en 2027
Narro anunció que el próximo 4 de noviembre, a las 10:00 horas, se celebrará en la Ciudad de México el precongreso nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.
En el encuentro participarán agricultores y organizaciones campesinas para construir una agenda de propuestas que pueda incorporarse a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.
El legislador sostuvo que buscará impulsar modificaciones que fortalezcan los programas productivos, la infraestructura, la comercialización y el acceso al crédito.
La discusión se desarrollará en la Cámara de Diputados, que tiene la facultad exclusiva de examinar, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos.
Con ello, Narro se sumó a los reclamos por la reducción de recursos a programas agrícolas, una preocupación que ya fue planteada formalmente en el Senado mediante una propuesta para revertir recortes a apoyos productivos y fortalecer la sanidad del campo.
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