La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), de traicionar la confianza del pueblo de México, pero rechazó que su llegada al organismo haya sido una imposición de Morena. Al mismo tiempo, exigió una auditoría profunda a las contrataciones electorales y denunció la existencia de empresas intermediarias que, aseguró, llevan más de dos décadas beneficiándose del presupuesto público.
Durante su conferencia Mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional, la mandataria federal endureció sus críticas contra la conducción del órgano electoral y demandó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar las posibles irregularidades, determinar responsabilidades y revisar también las contrataciones realizadas durante administraciones anteriores.
“Yo creo que Guadalupe, ahí traicionó la confianza del pueblo de México, hay que decirlo así”, expresó Sheinbaum, aunque advirtió que será responsabilidad de las autoridades fiscalizadoras establecer si existieron actos de corrupción y quiénes participaron.
La jefa del Ejecutivo también salió al paso de los señalamientos sobre la presunta cercanía política de Taddei con Morena y aseguró que su designación fue resultado de un procedimiento de insaculación en la Cámara de Diputados, ante la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas.
“¿Qué es lo que quieren poner ahora? Que Guadalupe Taddei era de Morena. Pues no, no era”, sostuvo.
Sheinbaum recordó que la consejera presidenta fue designada mediante una tómbola legislativa y no por una decisión directa del Ejecutivo federal.
“¿Por qué no pones el video de cuando eligen a Guadalupe Taddei? Es una tómbola, un sorteo, porque no había las dos terceras partes”, señaló.
Sin embargo, dejó claro que las circunstancias de su nombramiento no eliminan la obligación de rendir cuentas por las presuntas anomalías detectadas en las contrataciones electorales.
“No puede haber tapadera de una corrupción, eso no. Entonces tiene que haber deslinde de responsabilidades claras y que lo determine la Auditoría Superior de la Federación”, puntualizó.
Acusa red de “coyotes” que opera desde 1999
La presidenta sostuvo que el problema de fondo rebasa la actual administración del INE y alcanza a una estructura de contrataciones que, aseguró, se consolidó durante más de 20 años, tanto en el organismo nacional como en los institutos electorales estatales.
“Hay un problema que es todavía más grave, desde mi punto de vista, y es estas empresas que tienen más de 20 años, que son verdaderos coyotes”, denunció.
Según Sheinbaum, determinadas compañías han concentrado las licitaciones de papelería y materiales electorales mediante requisitos diseñados para limitar la competencia y favorecer a los mismos proveedores.
Explicó que algunas de estas empresas operan como intermediarias, obtienen los contratos y posteriormente subcontratan a terceros para realizar los trabajos, una práctica que, consideró, debe investigarse desde 1999.
“Hay que acabar con los coyotes, con los que se enriquecen a costa del presupuesto público vinculado con los institutos electorales”, sentenció.
Ante este panorama, exigió que la ASF revise no solamente la gestión de Guadalupe Taddei, sino también los contratos adjudicados durante las presidencias anteriores del INE y en los organismos electorales locales.
Propone fortalecer Talleres Gráficos de México
Como alternativa al esquema de contratación que cuestionó, Sheinbaum planteó transformar Talleres Gráficos de México en una verdadera empresa estatal capaz de producir la mayor parte de la papelería electoral, con precios justos, transparencia y un consejo de administración que supervise su funcionamiento.
La mandataria sostuvo que esta medida permitiría reducir la participación de empresas intermediarias y evitar que los recursos destinados a la organización de elecciones se conviertan en una fuente de enriquecimiento para determinados grupos.
También cuestionó los elevados salarios, liquidaciones millonarias, fideicomisos y proyectos inmobiliarios que, aseguró, formaron parte de los privilegios acumulados durante administraciones anteriores del Instituto Nacional Electoral.
En ese contexto, criticó al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, por regresar a su plaza académica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pese a que, según afirmó, el estatuto universitario establece límites para las licencias del personal académico.
Sheinbaum contrastó esa situación con su propia decisión de renunciar a su plaza como investigadora universitaria, al considerar que los servidores públicos deben actuar con congruencia y sin privilegios.
Advierte que no permitirá corrupción ni linchamientos mediáticos
Pese a la dureza de sus señalamientos, la presidenta aclaró que las acusaciones públicas no son suficientes para establecer responsabilidades y que cualquier investigación debe realizarse mediante los procedimientos legales correspondientes.
“Si se encuentra una irregularidad, se actúa”, afirmó.
Subrayó que su gobierno no pretende sustituir las funciones de los órganos autónomos ni asumir atribuciones que corresponden a las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar posibles conductas irregulares.
“Yo como presidenta y el gobierno federal no tiene por qué estar definiendo todo lo que pasa en el Instituto Nacional Electoral. Podemos recomendar, podemos dar nuestra opinión”, manifestó.
Respecto a una eventual reforma electoral, señaló que los cambios a las facultades de la presidencia del INE deberán analizarse respetando las disposiciones constitucionales y consideró que después de las elecciones de 2027 podrán retomarse modificaciones orientadas a reducir los costos del sistema electoral.
Finalmente, Sheinbaum insistió en que “no puede haber sombra de corrupción en el INE” y reiteró que la transparencia debe alcanzar tanto a la actual dirigencia como a quienes encabezaron el organismo en el pasado.
La mandataria sostuvo que la defensa de su proyecto de transformación está vinculada con el combate a la corrupción, la eliminación de privilegios y el cumplimiento de los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”, por lo que exigió que las autoridades competentes esclarezcan las presuntas irregularidades sin encubrimientos ni linchamientos mediáticos.
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