La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en el ejercicio de recursos públicos de 2025 y abrió una investigación de oficio sobre dos grupos empresariales que acumularon operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con distintas instituciones, entre ellas el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales estatales.
Al presentar 374 informes individuales de auditoría ante la Cámara de Diputados, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, advirtió que las investigaciones alcanzarán a funcionarios, proveedores, empresas y cualquier persona involucrada en posibles actos de corrupción, sin importar su posición política o administrativa.
“No importa quién haya cometido una irregularidad, qué cargo ocupe o a qué institución pertenezca: si existen elementos para investigar, la ASF actuará conforme a la ley”, afirmó.
El funcionario anunció que en los primeros seis meses de su gestión se presentaron 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, de las cuales tres corresponden a auditorías que todavía se encontraban en desarrollo.
Los resultados forman parte de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 y evidencian deficiencias en la comprobación del gasto federal, particularmente en municipios, gobiernos estatales y dependencias de la administración pública.
Detectan 5 mil 200 millones sin comprobar en 42 municipios
Hernández Palacios informó que los 374 informes comprenden 42 auditorías municipales, 286 revisiones a entidades federativas y 46 auditorías a entes del Gobierno federal.
Uno de los hallazgos más relevantes corresponde a los 42 municipios fiscalizados, donde la ASF revisó el total de los recursos federales asignados y encontró más de 5 mil 200 millones de pesos cuyo destino no fue acreditado documentalmente.
El auditor señaló que las autoridades municipales no lograron comprobar el ejercicio de la totalidad de los recursos examinados, situación que podría derivar en procedimientos de responsabilidad si las observaciones no son solventadas.
En el caso de los gobiernos estatales, la ASF identificó más de mil 200 millones de pesos pendientes de aclarar, principalmente en los sectores educativo y de salud.
Antes de concluir las revisiones, las entidades federativas reintegraron mil 132 millones de pesos, con aportaciones de Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California.
De ese monto, 553 millones de pesos correspondieron al sector salud.
“Estos recursos pudieron contribuir a la adquisición de medicamentos, insumos médicos, equipamiento y mejores condiciones de atención para la población”, reprochó.
En el ámbito federal, destacan observaciones por 2 mil 327 millones de pesos relacionadas con el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, por movimientos financieros y gastos de operación insuficientemente justificados.
Los montos observados están sujetos a procedimientos de aclaración y no representan necesariamente desvíos de recursos ya comprobados.
Investiga ASF contratos por 8 mil 870 millones en INE y OPLES
El auditor superior reveló que la institución inició una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en contrataciones del INE y de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Explicó que, mediante trabajos de inteligencia, se identificaron dos grupos empresariales que acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026.
De esa cantidad, 3 mil 790.3 millones de pesos corresponden a operaciones con organismos electorales locales.
Las investigaciones buscan determinar si existieron acuerdos entre proveedores para simular competencia, obtener adjudicaciones y establecer precios artificialmente elevados en contratos públicos.
Detectan empresas millonarias sin trabajadores
Hernández Palacios detalló que algunos de los proveedores investigados registran operaciones por cientos de millones de pesos pese a contar con menos de cinco empleados y, en ciertos casos, ninguno.
También fueron identificadas subcontrataciones entre compañías que participaron en los mismos concursos públicos, así como operaciones vinculadas con empresas de facturación irregular.
En uno de los casos se detectaron transacciones por 21.3 millones de pesos relacionadas con prestadores de servicios de timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por vínculos con factureras.
Otra empresa bajo revisión se encuentra suspendida del padrón de importadores.
El auditor agregó que los análisis permitieron identificar posibles relaciones entre grupos empresariales y servidores públicos que participaron en decisiones sobre contrataciones y asignación de recursos.
La investigación comprende a funcionarios del INE, organismos electorales locales y proveedores que pudieran estar relacionados con las operaciones examinadas.
Destapa presunta triangulación de recursos en Nuevo León y Sinaloa
La ASF también identificó posibles esquemas de triangulación financiera y simulación de operaciones en Nuevo León y Sinaloa.
Según Hernández Palacios, parte de los recursos públicos fueron transferidos mediante pagos a proveedores y posteriormente dispersados hacia cuentas bancarias de personas físicas y morales con posibles vínculos familiares con servidores públicos.
El funcionario señaló que esos movimientos forman parte de líneas de investigación destinadas a establecer el destino final del dinero y determinar si existieron conflictos de interés o beneficios indebidos.
Las pesquisas también consideran la posible participación de empresas utilizadas como intermediarias para dispersar recursos.
La ASF aclaró que las investigaciones continúan y que las responsabilidades deberán establecerse conforme a los procedimientos legales correspondientes.
Presenta ASF 40 denuncias penales por posibles actos de corrupción
Investiga obras inexistentes, equipo médico y documentos falsos
Hernández Palacios aseguró que la nueva estrategia de fiscalización busca que las irregularidades detectadas no se limiten a observaciones administrativas, sino que puedan traducirse en denuncias, sanciones y recuperación de recursos.
Precisó que, durante los primeros seis meses de su administración, la ASF presentó 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.
También informó que las 21 denuncias reportadas anteriormente fueron judicializadas.
Entre los expedientes destacan obras públicas pagadas y no ejecutadas, equipo médico de alta especialidad no localizado y la presentación de documentación presuntamente falsa para aparentar el cumplimiento de obligaciones de seguridad social.
Por primera vez, explicó, se promovieron tres denuncias penales antes de concluir las auditorías correspondientes, mediante las facultades legales recientemente incorporadas al organismo fiscalizador.
“Porque la fiscalización no puede limitarse solo a establecer observaciones. Debe contribuir a esclarecer los hechos, promover responsabilidades y propiciar la recuperación de los recursos públicos”, sostuvo.
Adicionalmente, anunció 60 promociones para el ejercicio de facultades de comprobación fiscal, mediante las cuales se notificará al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre posibles incumplimientos de proveedores gubernamentales.
Investigan fallas en examen de admisión de la UNAM
El auditor informó que continúan las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación y administración de la plataforma utilizada para el examen virtual de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Explicó que la ASF inició procedimientos contra posibles responsables de las fallas que obligaron a repetir la evaluación de manera presencial.
Como parte de las diligencias, se aseguraron preventivamente repositorios de información y servidores informáticos de la empresa contratada, con el propósito de preservar evidencia.
Hernández Palacios sostuvo que quienes firman contratos gubernamentales adquieren obligaciones frente al Estado y la ciudadanía, por lo que deben responder cuando se acrediten incumplimientos.
Busca ASF facultades para sancionar y recuperar recursos
Propone reforma constitucional contra impunidad
El auditor superior pidió al Congreso fortalecer las facultades de la institución para imponer sanciones de manera más directa y recuperar recursos públicos utilizados irregularmente.
Consideró necesario avanzar hacia una reforma constitucional que permita a la ASF actuar con mayor rapidez y reducir los tiempos entre la detección de irregularidades y sus consecuencias legales.
También destacó los convenios celebrados con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Antimonopolio para detectar operaciones financieras sospechosas, conflictos de interés y posibles acuerdos indebidos entre empresas participantes en licitaciones públicas.
Anunció, además, el desarrollo de herramientas para integrar información sobre personas políticamente expuestas y mejorar los mecanismos de intercambio de datos.
Asimismo, propuso una plataforma digital para que los gobiernos municipales y estatales que estén por concluir sus administraciones entreguen anticipadamente la información financiera pendiente de fiscalizar.
Advirtió que la negativa a proporcionar documentación para obstaculizar las auditorías podrá tener consecuencias legales.
El funcionario aseguró que la ASF no utiliza intermediarios particulares ni despachos para gestionar auditorías y reveló que se han presentado nueve denuncias penales contra presuntas prácticas de gestoría irregular.
“Porque detrás de cada peso que se desvía hay una necesidad que no se atiende. La corrupción no solamente representa un daño al erario, representa un daño directo al bienestar y al futuro de nuestro país”, advirtió.
Hernández Palacios insistió en que la fiscalización debe alcanzar a cualquier servidor público o particular involucrado en irregularidades, sin privilegios ni encubrimientos.
La ASF buscará que los hallazgos de la Cuenta Pública 2025 se traduzcan en aclaraciones, recuperación de recursos y, cuando existan elementos suficientes, procedimientos administrativos o penales contra los responsables.
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