La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio por presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de recursos públicos del Instituto Nacional Electoral (INE) y los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), en operaciones realizadas entre 2014 y 2026, que podrían involucrar a empresas, proveedores y servidores públicos.
El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, anunció una revisión exhaustiva de contratos, posibles sobreprecios, conflictos de interés, tráfico de influencias y presuntos esquemas de triangulación de recursos, que también podría alcanzar a dirigentes partidistas si existen indicios de irregularidades.
Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, tras presentar la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025, el funcionario advirtió que las investigaciones se realizarán en coordinación con el Órgano Interno de Control (OIC) del INE y otras instancias anticorrupción.
“En materia del INE, estamos haciendo un trabajo exhaustivo con todas las instancias que tienen que ver con el combate a la corrupción, estamos trabajando de la mano con todos los organismos, incluido el Órgano Interno de Control, para llegar a las últimas consecuencias”, afirmó.
Rastreará ASF contratos y recursos electorales desde el año 2000
Hernández Palacios explicó que las nuevas facultades de fiscalización permiten realizar auditorías integrales para revisar el 100 por ciento del gasto público federal, en lugar de limitar las inspecciones a muestras de operaciones.
El auditor informó que el jueves 29 de octubre fueron enviados 32 oficios a los gobiernos estatales para solicitar información sobre la administración de las participaciones federales del Ramo 28 y su relación con el financiamiento de los organismos electorales locales.
La ASF realizará un estudio del comportamiento de estos recursos desde el año 2000, con el propósito de identificar posibles sobreprecios, contrataciones irregulares y mecanismos mediante los cuales determinados grupos empresariales habrían obtenido ventajas económicas.
“Estamos haciendo un análisis que tiene que ver exactamente con estas posiciones de mercado que utilizan estos grupos empresariales, para no nada más poner los candados para participar en concursos públicos, sino que eso permite que tengan ganancias extraordinarias”, explicó.
Precisó que la investigación comprenderá tanto las operaciones del INE como las de los organismos electorales estatales, además de dependencias gubernamentales, proveedores y servidores públicos involucrados en las contrataciones.
Indagan posibles redes entre empresas y funcionarios
El auditor superior reveló que las investigaciones incluyen análisis de inteligencia para identificar relaciones entre proveedores privados y funcionarios encargados de contratar servicios, administrar presupuestos o intervenir en la designación de servidores públicos.
Señaló que la ASF busca reconstruir la ruta del dinero, desde su asignación presupuestal hasta su destino final, para establecer si existen transferencias que pudieran beneficiar a familiares o personas cercanas a funcionarios.
“Estamos trabajando en un esquema de inteligencia bastante profundo para ver todos los nexos que pueden tener cada uno de los servidores públicos que intervienen en el uso y designación de los recursos públicos”, indicó.
Hernández Palacios señaló que las revisiones también examinan la posible participación de empresas relacionadas entre sí en concursos públicos, así como operaciones simuladas y contrataciones con proveedores identificados por prácticas fiscales irregulares.
Los análisis de la ASF identificaron operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos de dos grupos empresariales con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026, sujetas a revisión por posibles anomalías.
Alista ASF denuncias penales para febrero de 2027
Fiscalía podrá intervenir sin esperar conclusión de auditorías
El funcionario anunció que la ASF se fijó febrero de 2027 como plazo para presentar las denuncias derivadas de las auditorías integrales, aunque aclaró que las investigaciones independientes podrán generar acciones legales de manera inmediata.
“Podemos esperar resultados en estos meses que van a seguir y prácticamente nuestro límite para presentar las denuncias que nos estamos poniendo es en el mes de febrero”, sostuvo.
Explicó que, con las nuevas atribuciones, el órgano fiscalizador podrá acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) cuando detecte elementos de un posible delito, sin esperar a que concluya todo el procedimiento de auditoría.
Respecto a la eventual participación de dirigentes de partidos políticos, aseguró que cualquier indicio de conflicto de interés, tráfico de influencias o actuación irregular deberá investigarse, independientemente de la posición que ocupen los involucrados.
Las sanciones penales o administrativas, puntualizó, corresponderán a las autoridades competentes.
Detectan posible triangulación de recursos en Nuevo León y Sinaloa
Investigan transferencias a familiares y personas cercanas a funcionarios
Hernández Palacios confirmó que continúan las investigaciones sobre presuntas irregularidades en Nuevo León y Sinaloa, donde la ASF identificó movimientos financieros que podrían corresponder a esquemas de triangulación de recursos públicos.
De acuerdo con el auditor, las revisiones han permitido rastrear pagos a proveedores que posteriormente realizaron transferencias a otras empresas y personas físicas, algunas aparentemente relacionadas con servidores públicos.
Indicó que existen patrones financieros que podrían revelar la dispersión de recursos hacia familiares o personas cercanas a quienes intervinieron en decisiones gubernamentales.
Sin embargo, evitó revelar nombres, cantidades específicas y detalles de los expedientes para preservar el debido proceso y la secrecía de las investigaciones.
Aseguró que los avances y las determinaciones se darán a conocer conforme lo permitan los procedimientos legales. La Jornada+1
Investiga ASF irregularidades en examen de admisión de la UNAM
El titular de la ASF también se refirió a las indagatorias sobre el examen virtual de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuya aplicación tuvo que repetirse de manera presencial debido a irregularidades.
Calificó este expediente como uno de los casos relevantes que atiende la institución por sus implicaciones para los aspirantes universitarios.
Explicó que las autoridades de la UNAM han colaborado con la investigación y que incluso el rector solicitó la intervención del órgano fiscalizador.
Añadió que se aplicaron nuevos mecanismos para preservar información almacenada en servidores tecnológicos y evitar su eliminación.
Las investigaciones permitirán determinar posibles responsabilidades administrativas y, en su caso, remitir los expedientes al tribunal competente.
Pide castigar corrupción en el INE y recuperar recursos públicos
Al referirse al caso de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, Hernández Palacios consideró necesario aplicar las medidas legales correspondientes contra quienes resulten responsables de actos irregulares.
Sostuvo que las investigaciones deben buscar no solamente sancionar a funcionarios o particulares, sino también recuperar los recursos públicos que pudieran haberse utilizado de manera ilícita.
Finalmente, planteó la necesidad de impulsar reformas legales que fortalezcan las atribuciones de la ASF para actuar con mayor rapidez ante posibles actos de corrupción.
El auditor propuso ampliar las herramientas para imponer consecuencias oportunas y fortalecer la capacidad resarcitoria del organismo, a fin de garantizar la devolución de recursos cuando se acrediten daños al erario.
Las investigaciones sobre el INE, los organismos electorales estatales y los proveedores continúan abiertas, por lo que las posibles responsabilidades deberán establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
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