El Gobierno de México rechazó que Texas pueda adjudicarse unilateralmente nueve islas ubicadas en el río Bravo y advirtió que ningún gobierno estatal de Estados Unidos tiene facultades para modificar la frontera internacional ni determinar la soberanía de territorios sujetos a tratados bilaterales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió así a la decisión de la Oficina General de Tierras de Texas (GLO), encabezada por Dawn Buckingham, de reconocer como propiedad estatal nueve islas situadas entre las ciudades fronterizas de Laredo y McAllen, con una superficie conjunta de aproximadamente 26.7 hectáreas.
La Cancillería sostuvo que la delimitación territorial entre ambos países está regulada por el Tratado de Límites de 1970 y que corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), no a las autoridades texanas, determinar de qué lado de la frontera se encuentra cada isla.
SRE advierte a Texas: ningún estado puede cambiar la frontera
En su posicionamiento del 30 de octubre, la dependencia federal estableció que la soberanía territorial no puede definirse mediante decisiones administrativas adoptadas por autoridades locales estadounidenses.
“La frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal. Sus límites se definen por criterios establecidos en un tratado internacional”.
La SRE recordó que el acuerdo suscrito en 1970 establece que el límite internacional en el río Bravo sigue el centro de su cauce normal y que esa delimitación determina la soberanía de las tierras ubicadas en ambos lados.
También precisó que la pertenencia histórica de un territorio no sustituye los criterios jurídicos vigentes para establecer su ubicación respecto de la línea fronteriza.
La Cancillería fue categórica sobre la competencia de las autoridades estatales:
“Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución”.
La posición mexicana implica que la determinación anunciada por Texas no basta, por sí misma, para resolver internacionalmente la situación jurídica de las nueve islas.
Texas reclama nueve islas para operaciones de seguridad fronteriza
La controversia surgió después de que la comisionada Dawn Buckingham anunció, el 26 de octubre, que la Oficina General de Tierras había identificado nueve islas del río Bravo como propiedad del estado de Texas.
Según el comunicado oficial estadounidense, los territorios abarcan aproximadamente 66 acres y podrán ser vigilados por el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento Militar de Texas.
La dependencia texana argumentó que la identificación de esos terrenos permitirá reforzar las operaciones de seguridad, prevenir actividades ilegales y facilitar el acceso de las autoridades responsables de vigilar la frontera.
La administración estatal sostiene que su determinación aclara la jurisdicción sobre terrenos cuya titularidad había generado incertidumbre.
Sin embargo, esa conclusión es precisamente el punto de desacuerdo con México, que reivindica la competencia de los mecanismos bilaterales para aplicar el tratado fronterizo.
¿Cuáles son las nueve islas que reclama Texas?
Los territorios identificados en la controversia son Nixon, La Bota, Tex Mex 2, McKendricks, Lost Boot, Clark, Zachary, Miller y Miller 2.
Se encuentran en el corredor fronterizo del río Bravo, en sectores próximos a Laredo y localidades aledañas de Texas, frente a Tamaulipas.
Su extensión conjunta ronda los 267 mil metros cuadrados. Aunque se trata de una superficie limitada, su ubicación tiene importancia para el patrullaje, la vigilancia y las operaciones de seguridad fronteriza.
Tratado de 1970: la CILA tiene la última palabra sobre la delimitación
El centro del conflicto no es únicamente la propiedad de las islas, sino quién tiene atribuciones para determinar su ubicación respecto de la frontera internacional.
El Tratado de Límites de 1970 establece mecanismos bilaterales para atender las modificaciones del cauce de los ríos Bravo y Colorado.
De acuerdo con la SRE, la CILA es la instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar las disposiciones del acuerdo y determinar de qué lado del límite internacional se encuentra cada isla.
La dependencia también recordó que los dos países tienen restricciones para construir obras capaces de desviar u obstruir el escurrimiento normal del río, conforme a las determinaciones de la comisión.
Esta disposición adquiere relevancia ante las posibles intervenciones de las autoridades texanas en los terrenos reclamados.
Texas ya había intervenido otra isla del río Bravo
El reclamo tiene un antecedente en 2023, cuando Buckingham declaró que la isla Fronton, de aproximadamente 68.8 hectáreas, era propiedad del estado de Texas.
Posteriormente, autoridades texanas realizaron trabajos de retiro de vegetación en esa zona mediante la denominada Operación Flat Top, bajo el argumento de combatir actividades delictivas.
En el nuevo caso, la propia comisionada reconoció que no se ha confirmado actividad criminal en las nueve islas identificadas, aunque sostuvo que esos espacios podrían ser aprovechados por organizaciones dedicadas al contrabando y al tráfico de personas.
México vigilará acciones de Texas en el río Bravo
La Cancillería informó que mantendrá seguimiento a las acciones realizadas en la zona y reiteró que cualquier diferencia territorial deberá atenderse mediante los tratados internacionales y el diálogo bilateral.
Hasta la información publicada el 31 de octubre, no se ha acreditado una resolución binacional específica que establezca la soberanía individual de las nueve islas. Tampoco existe evidencia suficiente para afirmar que México haya perdido esos territorios como consecuencia del anuncio de Texas.
La controversia abre así un nuevo frente diplomático entre México y Estados Unidos, en medio de las diferencias sobre seguridad y control migratorio, pero con un elemento jurídico central: la declaración de propiedad de un estado estadounidense no equivale a una modificación reconocida de la frontera internacional.
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