El Estado de México registra 2 mil 878 inmuebles asegurados en acciones contra el despojo de propiedades, de los cuales mil 859 han sido restituidos a sus legítimos dueños, mientras que en la Cámara de Diputados se advirtió que la burocracia, la corrupción y los vacíos legales obstaculizan la recuperación del patrimonio de las víctimas.
Durante el foro “Despojo e invasión de propiedades: Problemas, responsabilidades y caminos de solución”, convocado por la diputada María Rosete Sánchez (Morena), autoridades, abogados y especialistas plantearon la necesidad de endurecer las medidas contra este delito y agilizar los procedimientos para devolver los inmuebles a sus propietarios.
La legisladora sostuvo que las instituciones deben actuar oportunamente y eliminar los obstáculos administrativos y legales que permiten a quienes cometen estos abusos aprovecharse de las familias afectadas.
“Resulta profundamente indignante que existan personas que, mediante amenazas, engaños, documentos falsos, abuso de confianza o aprovechándose de la vulnerabilidad de otras, pretendan arrebatarles a las familias aquello que legítimamente les pertenece”, expresó.
Rosete Sánchez cuestionó que, además de perder sus propiedades, las víctimas deban enfrentar procedimientos interminables, indiferencia institucional y dificultades para acceder a la justicia.
Afirmó que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de transformar las denuncias ciudadanas en reformas legales que respondan a las condiciones reales de quienes sufren este delito.
Edomex recupera mil 859 inmuebles; reportan detenciones
Daniel Correa Martínez, titular de la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles de la Fiscalía mexiquense, informó que las autoridades tienen registrados 2 mil 878 inmuebles asegurados.
De ese total, 2 mil 260 corresponden a viviendas, 574 a predios y 44 a inmuebles de uso comercial.
Precisó que hasta el momento se han devuelto mil 859 propiedades, entre ellas mil 489 casas, 364 predios y seis inmuebles de otro uso, de acuerdo con las cifras presentadas.
El funcionario explicó que la unidad especializada fue creada el 25 de abril de 2025 mediante el acuerdo 03-2025 y cuenta con cinco sedes ubicadas en Chalco, Nezahualcóyotl, Toluca, Ecatepec y Tlalnepantla.
Su cobertura comprende municipios de la zona conurbada y distintas fiscalías regionales, entre ellas Tlalnepantla, Cuautitlán, Naucalpan, Tecámac y Zumpango.
Correa Martínez también reportó 4 mil 978 detenciones en flagrancia, aunque el desglose proporcionado durante el foro identificó 408 relacionadas con despojo, 18 con delitos contra la propiedad y 64 con otros ilícitos, sin precisar la clasificación del resto.
Asimismo, informó sobre 75 órdenes de aprehensión, de las cuales 53 están relacionadas con objetivos de investigación vinculados con el despojo, incluidos particulares, sindicatos y asociaciones, mientras que otras 22 corresponden a personas investigadas por delitos como extorsión.
CDMX plantea asegurar inmuebles en un máximo de 15 días
Jesús Salazar Velázquez, director general Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno capitalina, explicó que la administración de Clara Brugada creó un gabinete contra el despojo para atender y dar seguimiento integral a las denuncias.
Señaló que también se habilitaron nuevas áreas especializadas, entre ellas la Dirección Jurídica de Atención y Análisis contra el Despojo y una división operativa.
Por su parte, Valeria Sánchez González, directora jurídica contra el Despojo de la Ciudad de México, advirtió que estos delitos suelen estar relacionados con la falta de regularización de inmuebles, ventas múltiples de una misma propiedad y conflictos sucesorios.
Reveló que los responsables no siempre ocupan las viviendas que arrebatan, sino que en ocasiones las rentan a terceros que desconocen su origen irregular.
Esta situación, explicó, provoca que durante las intervenciones las autoridades encuentren a personas que también fueron engañadas.
Proponen alertas registrales para detectar fraudes
Ante este panorama, Sánchez González planteó tres medidas para acelerar la justicia: evitar la duplicidad de delitos, reducir a 15 días los plazos de aseguramiento de inmuebles e implementar alertas registrales que permitan identificar movimientos sospechosos sobre las propiedades.
Advirtió que los retrasos en los aseguramientos facilitan que los responsables sustraigan muebles y pertenencias de las víctimas antes de que las autoridades intervengan.
Acusan participación de inmobiliarias y despachos en desalojos ilegales
El abogado penalista Fernando Diego Segura alertó que el despojo no solamente es cometido por invasores, sino que también puede involucrar a bancos, inmobiliarias y despachos dedicados a adquirir carteras vencidas de créditos hipotecarios, incluidos los relacionados con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
De acuerdo con el especialista, algunos grupos evitan recurrir a procedimientos civiles para recuperar inmuebles con adeudos y, en su lugar, contratan personas armadas o encapuchadas que se hacen pasar por representantes legales o policías.
“Llegan amedrentando a los habitantes y, en cuestión de minutos, sacan todas sus pertenencias a la calle de manera ilegal”, denunció.
En tanto, José Bermúdez Rocha, fundador del Bufete Rocha, sostuvo que uno de los principales obstáculos para combatir el despojo es que las autoridades requieren una denuncia formal de la víctima para iniciar determinadas actuaciones legales.
Destacó que el modelo aplicado en el Estado de México permite asegurar inmuebles mediante acuerdos dentro de las carpetas de investigación, lo que, afirmó, facilita su restitución sin prolongados procedimientos judiciales.
También cuestionó el uso de suspensiones y amparos que, a su juicio, retrasan la entrega de propiedades, y pidió a los abogados actuar con responsabilidad al verificar los derechos de quienes representan.
Alertan por falsificación de documentos en antiguos ejidos
Jorge Jacquinde García, exagente del Ministerio Público de la Federación, advirtió que numerosas propiedades del Estado de México se encuentran en terrenos que anteriormente fueron ejidales y cuya posesión se acredita únicamente mediante contratos privados de compraventa.
Explicó que esta situación puede ser aprovechada por grupos dedicados al despojo para intentar regularizar fraudulentamente los terrenos a nombre de terceros, presuntamente con la complicidad de funcionarios locales.
Recordó que las personas sin recursos económicos pueden solicitar representación mediante los servicios de asesoría jurídica gratuita.
Por su parte, el abogado José Antonio Hernández Quintero subrayó la importancia de fortalecer la coordinación entre los registros públicos de la propiedad y los catastros para facilitar la detección de documentos falsificados.
Señaló que la legislación en materia de armonización catastral y registral puede contribuir a que los ministerios públicos verifiquen con mayor rapidez la autenticidad de escrituras y antecedentes de propiedad.
Finalmente, advirtió que las víctimas deben evitar confrontar directamente a los invasores o intentar recuperar sus inmuebles por la fuerza, pues incluso los propietarios legítimos podrían incurrir en responsabilidades penales.
El foro concluyó con planteamientos para fortalecer la coordinación institucional, mejorar los mecanismos de investigación y acelerar la restitución de propiedades; sin embargo, no se informó sobre la presentación formal de una iniciativa legislativa derivada del encuentro.
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