La diputada Nora Yessica Merino Escamilla (PT) presentó una iniciativa para prohibir la gestación subrogada en México y castigar con penas de hasta 25 años de prisión a quienes participen en prácticas que la propuesta busca tipificar como explotación reproductiva, incluso cuando no exista pago de por medio.
El proyecto contempla sanciones penales contra quienes contraten, promuevan, financien, publiciten o intermedien estos procedimientos, así como multas, clausuras definitivas de establecimientos médicos y posibles medidas de disolución contra empresas involucradas.
La iniciativa plantea reformar la Ley General de Salud, la legislación federal contra la trata de personas y el Código Penal Federal para establecer una prohibición nacional de la gestación subrogada, independientemente de que se realice mediante acuerdos gratuitos o contratos con contraprestación económica.
De acuerdo con la propuesta, también podrían ser sancionados médicos, personal sanitario, administradores de clínicas, representantes de agencias y fedatarios públicos que participen conscientemente en estos procedimientos.
La legisladora propone que las mujeres gestantes queden excluidas de responsabilidad penal por los delitos establecidos en la iniciativa y sean reconocidas como víctimas con derecho a protección, asistencia y reparación del daño. Hoja de Ruta Digital
Plantean hasta 17 años de prisión por realizar gestación subrogada
La reforma a la Ley General de Salud establece penas de seis a 17 años de prisión para quienes realicen, ejecuten, promuevan, favorezcan, faciliten, financien, publiciten o intermedien procedimientos de gestación subrogada.
Las sanciones también alcanzarían a quienes, en calidad de contratantes, obtengan o pretendan obtener la entrega de una persona recién nacida mediante este mecanismo.
El proyecto define la gestación subrogada como el procedimiento por el cual una mujer lleva adelante un embarazo por cuenta de una o varias personas, mediante un acuerdo celebrado antes o durante la gestación, con independencia de su denominación o de que exista compensación económica.
La prohibición comprendería los convenios mediante los cuales se pretenda entregar a la persona nacida a alguien distinto de la mujer gestante o establecer su filiación en favor de terceros.
En el caso de fedatarios públicos involucrados, se prevé adicionalmente la suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio de sus funciones, con la posibilidad de incrementar ese periodo hasta seis años en caso de reincidencia.
Castigarían a clínicas y agencias; prevén clausuras definitivas
La propuesta establece penas de cuatro a nueve años de prisión para responsables, directores, propietarios, administradores o encargados de establecimientos médicos donde se realicen procedimientos de gestación subrogada, cuando los permitan o no procuren impedirlos mediante los medios legales disponibles.
Además, contempla multas equivalentes a entre 10 mil y 15 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como la clausura definitiva del establecimiento.
Las mismas sanciones se aplicarían a quienes operen, dirijan o administren agencias, despachos u oficinas dedicadas total o parcialmente a la intermediación de estos procedimientos.
Cuando las conductas sean cometidas mediante empresas o en su beneficio, la iniciativa propone aplicar las consecuencias jurídicas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluida la posibilidad de disolución de la persona moral.
Equipararían explotación reproductiva con delito de trata
Uno de los principales cambios planteados consiste en adicionar el artículo 31 Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
La modificación busca reconocer expresamente la explotación reproductiva como modalidad delictiva y sancionarla con penas de 15 a 25 años de prisión y multas de 2 mil a 30 mil días.
Estas penas alcanzarían a quienes, mediante acuerdos o contratos, obtengan que una mujer geste a una persona para entregarla a terceros o establecer su filiación en favor de alguien distinto de la gestante.
También se aplicaría a quienes capten, recluten, trasladen, alojen o retengan a mujeres con esa finalidad, así como a intermediarios, promotores, financiadores y profesionales que intervengan con conocimiento del propósito de la operación.
Agravarían penas cuando las mujeres estén en situación vulnerable
La iniciativa contempla incrementar las sanciones hasta en una mitad cuando las mujeres gestantes sean menores de 18 años o se encuentren en condiciones de especial vulnerabilidad.
Entre los supuestos previstos se encuentran pertenecer a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, vivir en situación de pobreza o migración, o enfrentar cualquier otra circunstancia que incremente su vulnerabilidad.
El agravamiento también se aplicaría cuando el responsable sea servidor público o integrante de la delincuencia organizada.
Bajo estos supuestos, la pena máxima de 25 años prevista para explotación reproductiva podría aumentar hasta 37 años y seis meses, en caso de aplicarse el incremento máximo de una mitad.
La propuesta establece expresamente que la mujer gestante no será considerada sujeto activo del delito de explotación reproductiva y tendrá la calidad de víctima para acceder a las medidas de protección, asistencia y reparación correspondientes.
Proponen cárcel por entregar recién nacidos y falsificar registros
La legisladora también plantea incorporar el artículo 366 Quinquies al Código Penal Federal para sancionar con penas de ocho a 15 años de prisión a quienes entreguen o reciban a una persona recién nacida en cumplimiento de un acuerdo de gestación subrogada, cuando los hechos no constituyan trata de personas.
Se prevén además multas de mil a 5 mil días.
La misma pena se impondría a quienes simulen un parto, alteren o falsifiquen registros de nacimiento o proporcionen datos falsos a autoridades registrales o judiciales para concretar estos acuerdos.
La reforma establece que no se procederá penalmente contra la mujer que haya gestado a la persona recién nacida.
Envían iniciativa a comisiones de Salud y Justicia
La propuesta de Merino Escamilla fue turnada a las comisiones unidas de Salud y Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen, mientras que la Comisión de Derechos Humanos deberá emitir una opinión.
De prosperar, la reforma establecería un régimen federal de prohibiciones y sanciones que abarcaría tanto la realización de procedimientos médicos como la intermediación, contratación y entrega de personas recién nacidas bajo acuerdos de gestación subrogada.
Sin embargo, las penas planteadas todavía no están vigentes, pues forman parte de una iniciativa sujeta al proceso legislativo.
El proyecto abre una discusión sobre el alcance de la intervención penal del Estado en la reproducción asistida, la protección de las mujeres gestantes y las consecuencias jurídicas de prohibir estos procedimientos aun cuando se realicen sin compensación económica.
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