Ante los daños físicos, psicológicos y patrimoniales que sufren menores utilizados en conflictos entre sus padres, la diputada Ruth Maricela Silva Andraca (PVEM) propuso reformar la legislación federal para obligar a las autoridades a prevenir, atender y sancionar la violencia familiar y vicaria que afecta a niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa busca que los menores dejen de ser considerados únicamente instrumentos para causar daño a uno de sus progenitores y sean reconocidos como víctimas directas de conductas que vulneran su integridad, dignidad y desarrollo emocional.
La propuesta, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, plantea adicionar el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para fortalecer la protección legal frente a la violencia familiar, equiparada y por interpósita persona.
De acuerdo con la legisladora, las autoridades federales, estatales y municipales deberán privilegiar el interés superior de la niñez al intervenir en casos de humillaciones, amenazas, agresiones físicas, daños psicológicos, económicos o patrimoniales que afecten a menores de edad.
Advierten daños a menores utilizados para agredir a sus padres
Silva Andraca argumentó que la violencia por interpósita persona, también denominada violencia vicaria, no solamente perjudica a quien es objeto de la agresión indirecta, sino también a las hijas e hijos utilizados para ejercerla.
Explicó que estas conductas pueden presentarse cuando uno de los progenitores utiliza a los menores para causar sufrimiento o perjudicar a su pareja o expareja, exponiéndolos a situaciones que afectan su estabilidad emocional y su desarrollo integral.
La diputada consideró necesario superar la visión que identifica a niñas, niños y adolescentes únicamente como medios para ejercer violencia contra las mujeres, pues también deben reconocerse los daños que experimentan directamente.
Sostuvo que los conflictos entre quienes ejercen la patria potestad o custodia pueden derivar en amenazas, humillaciones, agresiones y otras formas de maltrato que requieren una respuesta institucional específica.
La iniciativa reconoce la vulnerabilidad de los menores cuando se encuentran inmersos en disputas familiares y advierte que estas circunstancias pueden comprometer su desarrollo psicoemocional.
Silva Andraca consideró que esta problemática “debería ser un aspecto que el Estado mexicano prevenga, atienda y sancione”.
Exigen protección legal ante violencia psicológica y patrimonial
La propuesta legislativa establece que las instituciones de los tres órdenes de gobierno deberán actuar bajo el principio del interés superior de la niñez para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La reforma pretende reforzar las disposiciones del capítulo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que reconoce su derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
La diputada señaló que la protección debe abarcar no sólo las agresiones físicas, sino también las afectaciones psicológicas, económicas y patrimoniales que pueden surgir dentro del entorno familiar.
Asimismo, planteó reconocer que los menores pueden sufrir directamente las consecuencias de las conductas violentas ejercidas por sus madres, padres o personas responsables de su cuidado.
Buscan evitar que hijos sean utilizados como instrumentos de violencia
En la exposición de motivos, la legisladora advirtió que las niñas, niños y adolescentes pueden quedar atrapados en el “fuego cruzado” de las agresiones ejercidas dentro de relaciones de matrimonio, concubinato o de pareja.
Explicó que, en determinadas circunstancias, los menores son utilizados para perjudicar a las mujeres, aunque las consecuencias de estas acciones también pueden representar daños graves para su propia integridad.
Por ello, la reforma propone reconocer expresamente su condición de sujetos de derechos y no limitar su protección a la relación que existe entre los adultos involucrados.
Plantean ampliar protección prevista contra violencia vicaria
Silva Andraca recordó que la violencia por interpósita persona fue incorporada al marco jurídico federal mediante modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Civil Federal y al Código Penal Federal.
Señaló que dichas reformas permitieron avanzar en el reconocimiento de la violencia ejercida contra las mujeres mediante terceros, particularmente a través de sus hijas e hijos.
Sin embargo, consideró necesario complementar esas disposiciones mediante una protección específica en la legislación destinada a garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.
La legisladora hizo referencia a los planteamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la necesidad de reconocer tanto la violencia de género como las afectaciones que el maltrato familiar ocasiona a los menores.
Advirtió que niñas y niños deben ser considerados personas con derechos propios, cuya dignidad e integridad no pueden depender exclusivamente de los conflictos entre sus progenitores.
“No pueden solo tener el carácter de objetos o víctimas, pues ello limita el paradigma de respeto como seres humanos únicos y con dignidad humana”, señala la argumentación de la propuesta.
Reforma al artículo 47 queda en manos de comisión legislativa
La iniciativa plantea fortalecer la responsabilidad de las autoridades para intervenir frente a conductas que vulneren la integridad de los menores, particularmente cuando se produzcan en contextos de violencia familiar o por interpósita persona.
Su objetivo es incorporar expresamente estas modalidades de violencia en el marco de protección de niñas, niños y adolescentes, con el propósito de que las instituciones reconozcan su condición de víctimas directas y actúen para garantizar sus derechos.
La propuesta no constituye todavía una reforma vigente ni establece por sí misma nuevas penas específicas, sino que busca ampliar las obligaciones de prevención, atención y protección previstas en la legislación.
El proyecto deberá ser analizado por la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia antes de continuar, en su caso, con el procedimiento legislativo correspondiente.
Con esta modificación, Silva Andraca pretende que la protección frente a la violencia vicaria no se limite a las personas adultas afectadas, sino que incluya de manera expresa a las niñas, niños y adolescentes que sufren sus consecuencias.
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