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Destapan presunto reparto de contratos entre Taddei y Hernández Casillas

Videos exhiben acuerdos, dinero y presuntos favores en el INE.

Nuevas grabaciones difundidas por el periodista Carlos Loret de Mola colocaron bajo escrutinio los contratos millonarios del Instituto Nacional Electoral (INE), al exhibir conversaciones entre su expresidenta Guadalupe Taddei Zavala y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del organismo, sobre funcionarios y negocios relacionados con la institución.

Una de las frases atribuidas al empresario en torno a las grabaciones es: «Yo me llevo mil 300 y tú dos millones», aunque su autenticidad y contexto no pudieron confirmarse en los materiales periodísticos consultados.

Los videos presentados en Latinus sí muestran conversaciones sobre contrataciones, control de plazas y presuntos beneficios económicos que habrían alcanzado a familiares de la exfuncionaria electoral.

Exhiben presuntos negocios entre Taddei y contratista del INE

Las grabaciones difundidas el 28 de octubre muestran a Hernández Casillas, representante de la empresa Cajas Graf, hablando sobre su influencia en procedimientos de contratación y su relación con funcionarios del organismo electoral.

En uno de los materiales, el empresario reclama que determinados servidores públicos dejaron de atender sus indicaciones y expresa su inconformidad ante la posibilidad de perder concursos de contratación.

El proveedor menciona a Mario Burciaga, quien se desempeñaba como director de Recursos Materiales del INE, y cuestiona la falta de respuesta de los funcionarios con quienes mantenía comunicación.

En otra grabación, Hernández Casillas conversa directamente con Taddei sobre personas incorporadas a distintas áreas de la institución, lo que abrió nuevos cuestionamientos sobre la posible intervención de particulares en decisiones administrativas del organismo.

Señalan beneficios millonarios para hijos de Taddei

Empresario habla de casas, viajes y facturas por seis millones

Las revelaciones también involucran al entorno familiar de la exconsejera presidenta.

En un tercer video, Hernández Casillas asegura que dos hijos de Guadalupe Taddei habrían obtenido propiedades y otros beneficios económicos gracias a los negocios relacionados con el instituto.

«Los dos hijos tienen casa gracias a esto», sostiene el empresario, quien también menciona viajes a Europa y facturas por seis millones de pesos.

Sus declaraciones no constituyen por sí mismas pruebas de desvío de recursos públicos, pero se suman a los cuestionamientos sobre las relaciones personales y comerciales que mantenía con la familia Taddei.

Red de empresas obtuvo contratos por 853 millones

El caso adquirió una nueva dimensión luego de que una investigación de El País documentara que una red de compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvo 853 millones de pesos mediante 21 licitaciones electorales.

Según la publicación del 29 de octubre, al menos dos empresas vinculadas entre sí participaron como supuestas competidoras en distintos procedimientos de contratación.

La investigación identificó contratos en organismos electorales de diversas entidades y señaló que las empresas relacionadas con esa red acumularon aproximadamente mil 800 millones de pesos en contrataciones públicas durante una década.

Renuncia de Taddei no cierra los cuestionamientos

La controversia se intensificó tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, en medio de señalamientos sobre posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades administrativas.

A las grabaciones se sumaron acusaciones de presiones internas y falta de transparencia en las contrataciones, incluidas declaraciones de la consejera Rita Bell López sobre amenazas y dificultades para obtener información dentro del instituto.

El caso plantea interrogantes sobre la relación entre funcionarios electorales y proveedores privados, particularmente en la adjudicación de contratos y el manejo de recursos destinados a la organización de elecciones.

La autenticidad integral de las grabaciones, el alcance de los acuerdos mencionados y la eventual existencia de responsabilidades deberán establecerse mediante investigaciones y pruebas documentales.

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