La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso bajo investigación 25 años de contrataciones y ejercicio de recursos públicos del Instituto Nacional Electoral (INE), del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), ante indicios de presuntas irregularidades que se remontan al año 2000.
La revisión histórica, que alcanza hasta 2025, busca identificar posibles esquemas de contratación irregular, concentración de adjudicaciones en grupos empresariales y anomalías en el manejo del presupuesto destinado a las instituciones encargadas de organizar las elecciones en México.
El órgano fiscalizador confirmó que desarrolla tres líneas de investigación para reconstruir el destino de los recursos públicos utilizados durante distintas administraciones electorales, tanto federales como estatales.
La indagatoria comprende una etapa de 25 años en la que el árbitro electoral atravesó cambios de dirección, reformas constitucionales y la transformación del IFE en INE, sin que las revisiones se limiten a una gestión determinada.
ASF abre revisión histórica de contratos electorales
La Auditoría Superior de la Federación investiga posibles irregularidades en la contratación de bienes y servicios, mediante un análisis de las operaciones realizadas por las autoridades electorales y sus proveedores.
El objetivo es detectar patrones de adjudicación, relaciones comerciales recurrentes y eventuales mecanismos que pudieran haber favorecido a determinadas empresas mediante recursos públicos.
La investigación también contempla información relacionada con los organismos electorales de las 32 entidades federativas, particularmente en operaciones financiadas con recursos federales.
Sin embargo, la apertura de estas indagatorias no implica que exista responsabilidad administrativa o penal acreditada contra funcionarios o empresas.
Bajo la lupa, contratos de distintas dirigencias del IFE y el INE
Revisión abarca de Woldenberg a Taddei
Por el periodo examinado, los trabajos de fiscalización comprenden las administraciones del IFE encabezadas por José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita.
También abarcan las presidencias del INE de Lorenzo Córdova Vianello y Guadalupe Taddei Zavala.
El alcance temporal coloca bajo revisión operaciones realizadas durante cinco presidencias del organismo electoral, aunque ello no supone que sus titulares estén formalmente investigados o sean responsables de las presuntas anomalías.
La ASF pretende identificar si las contrataciones cuestionadas corresponden a hechos aislados o si existieron prácticas recurrentes a lo largo de distintas administraciones.
Rastrean contratos millonarios y concentración de proveedores
Indagatorias también alcanzan a organismos electorales estatales
Entre los antecedentes de las investigaciones figuran operaciones de dos grupos empresariales que concentraron contratos por 8 mil 870.3 millones de pesos con distintas entidades públicas.
De ese monto, 3 mil 790.3 millones de pesos estarían relacionados con contrataciones de organismos electorales locales, según información difundida previamente en torno a las investigaciones del órgano fiscalizador.
Estas cantidades representan operaciones contractuales examinadas y no deben confundirse con recursos cuyo desvío haya sido comprobado.
El análisis busca establecer si existieron sobreprecios, adjudicaciones injustificadas, conflictos de interés u otras prácticas contrarias a las disposiciones legales.
ASF prepara auditoría integral al INE
La tercera vertiente de fiscalización consiste en una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral, acompañada de la revisión de los recursos federales ejercidos por los OPLE.
Con ello, la ASF busca ampliar el alcance de las investigaciones y determinar si las posibles irregularidades detectadas requieren observaciones, procedimientos de responsabilidad administrativa o denuncias ante las autoridades competentes.
Hasta ahora no se han dado a conocer conclusiones definitivas sobre el eventual daño patrimonial ni una relación completa de funcionarios o empresas responsables.
La revisión abre un nuevo frente de escrutinio sobre el manejo del dinero público en las instituciones electorales, cuya operación y autonomía han sido objeto de controversias políticas y presupuestales.
El resultado de las investigaciones permitirá establecer si las presuntas anomalías corresponden a casos específicos o si revelan prácticas prolongadas en las contrataciones públicas de las autoridades electorales mexicanas.
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