El consumo de alcohol representa para México un costo económico de 552 mil 200 millones de pesos anuales, equivalente al 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la recaudación fiscal atribuida a la industria alcoholera apenas alcanza los 57 mil 400 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de Economics for Health publicadas en 2025.
Ante este panorama, la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) exigió a los poderes Ejecutivo y Legislativo endurecer la regulación de las bebidas alcohólicas, restringir su publicidad, fortalecer los servicios de atención a las adicciones y modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para gravar directamente la cantidad de alcohol puro que contienen estos productos.
La organización advirtió que el problema también afecta a niñas, niños y adolescentes, debido a las deficiencias regulatorias y a las nuevas estrategias de publicidad utilizadas por la industria.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 (ENSANUT), el 55.5 por ciento de los adultos y el 20.6 por ciento de los adolescentes reportaron consumo actual de alcohol. Además, el consumo excesivo durante los últimos 30 días alcanzó al 19.1 por ciento de los adultos y al 5.2 por ciento de los adolescentes.
Durante el foro Retos de México en materia de regulación de las bebidas alcohólicas, organizado con motivo del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, que se conmemora el 15 de noviembre, especialistas alertaron sobre la urgencia de aplicar medidas fiscales y sanitarias para reducir las consecuencias del consumo.
Una de las principales preocupaciones es la insuficiencia de los servicios especializados. Datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones revelan que durante 2023 un total de 39 mil 86 personas solicitaron tratamiento por consumo nocivo de alcohol.
El psiquiatra y especialista en adicciones Luis Solís sostuvo que el Estado debe garantizar atención médica sin discriminación ni barreras económicas.
“En México no podemos seguir tratando los trastornos por consumo de alcohol como un problema individual. El tratamiento debe ser accesible, oportuno, integral y libre de estigmas; no puede depender de la capacidad económica de las familias ni del lugar donde se vive”, afirmó.
Agregó que “No basta con advertir sobre los daños del alcohol: México tiene que garantizar que quien necesita ayuda pueda recibirla”.
Publicidad de alcohol opera con reglas de hace 26 años
Otro de los problemas identificados es el rezago de las disposiciones que regulan la promoción de bebidas alcohólicas, particularmente en plataformas digitales, redes sociales, espectáculos musicales y eventos deportivos.
Verónica Lozano, del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones (IMSAMA), advirtió que el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad permanece sin actualizarse desde el año 2000, pese a los cambios en las estrategias comerciales.
“Tenemos un área de oportunidad muy importante en esta materia: el reglamento a la Ley General de Salud en Materia de Publicidad no se actualiza desde el año 2000, y en ese periodo hemos visto un incremento sustancial de las estrategias de mercadotecnia de bebidas alcohólicas”, señaló.
La especialista subrayó que el patrocinio de eventos deportivos y musicales, la publicidad digital y la promoción de bebidas sin alcohol requieren nuevas disposiciones gubernamentales para evitar que estas estrategias lleguen a los jóvenes.
Proponen aumentar IEPS al alcohol y destinar recursos a salud
En materia fiscal, los especialistas plantearon sustituir el esquema actual de tasas porcentuales sobre el valor de las bebidas por un mecanismo que considere su contenido de alcohol puro.
De acuerdo con RASA, la actualización del IEPS podría generar alrededor de 24 mil millones de pesos adicionales, recursos que contribuirían a financiar programas preventivos y servicios de tratamiento.
Camila Lugo, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó que esta modificación permitiría reducir el consumo y fortalecer el financiamiento del sector salud.
“Gravar el contenido de alcohol puro es una actualización de un impuesto que ya existe. Si su recaudación se destina a prevención y tratamiento, ayuda a reducir la brecha de gasto en salud y, al mismo tiempo, disminuye el consumo”, sostuvo.
La propuesta surge en un contexto de insuficiencia presupuestaria. El informe Salud quebrada, presentado por El Colegio de México el 9 de noviembre, señala que el gasto público en salud equivale al 2.8 por ciento del PIB, menos de la mitad del 6 por ciento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Aunque el proyecto de presupuesto para 2027 contempla un incremento de 10.6 por ciento en el gasto sanitario respecto de 2026, las organizaciones consideran necesario abrir nuevas fuentes de financiamiento.
Alcohol, factor de riesgo en accidentes de tránsito y cáncer
Los especialistas también alertaron sobre la relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y los siniestros viales.
Según el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, durante 2022 se registró aliento alcohólico en el 7.7 por ciento de las personas involucradas en siniestros de tránsito.
Stephan Brodziak, de El Poder del Consumidor, pidió mejorar las advertencias sanitarias y fortalecer las disposiciones para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol.
“México debe superar el rezago en el etiquetado de bebidas alcohólicas y vehículos, garantizando información clara sobre sus riesgos y fortaleciendo normas como la NOM-194 para incorporar tecnologías que impidan conducir bajo los efectos del alcohol”, declaró.
A ello se suma la falta de advertencias explícitas sobre los riesgos de cáncer en las etiquetas de las bebidas alcohólicas, pese a la evidencia científica que relaciona su consumo con al menos siete tipos de esta enfermedad.
Norberto Hernández, investigador de RASA, alertó que la industria utiliza elementos de diseño que dificultan identificar las advertencias sanitarias.
“La evidencia internacional muestra que las advertencias sanitarias sobre los riesgos de cáncer pueden ser una herramienta importante para aumentar la conciencia de riesgo”, indicó.
La organización consideró necesario revisar la NOM-142-SSA1/SCFI-2014 para garantizar información clara, visible y útil para los consumidores.
Finalmente, RASA llamó al Congreso de la Unión y al Gobierno federal a construir una política nacional que incorpore las recomendaciones de la estrategia SAFER de la OMS, mediante restricciones a la disponibilidad y publicidad de bebidas alcohólicas, mayores controles viales, acceso a tratamientos y medidas fiscales.
Además, demandó incorporar en el Paquete Económico 2028 un IEPS vinculado al contenido de alcohol, cuya recaudación se destine a fortalecer los servicios de salud y prevenir los daños asociados al consumo.
El objetivo, sostuvo la organización, debe ser colocar la protección de la salud pública por encima de los intereses comerciales de la industria alcoholera.
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