En una acción coordinada dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó este sábado a 270 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano hacia los estados de Baja California, Chihuahua y Guanajuato, con el objetivo de fortalecer las operaciones de seguridad en zonas de alta incidencia delictiva.
A las 14:40 horas, dos aeronaves Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional despegaron desde la Base Aérea Militar No. 19, ubicada en la Ciudad de México, con destino a los aeropuertos internacionales “General Abelardo L. Rodríguez” en Tijuana, Baja California, y “Abraham González” en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cada vuelo transportó una compañía compuesta por 90 efectivos especializados en operaciones tácticas, inteligencia y combate urbano.
Simultáneamente, una tercera compañía de 90 elementos partió por vía terrestre desde las instalaciones del Cuerpo de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, rumbo al estado de Guanajuato, a bordo de 12 vehículos de transporte de personal.
El despliegue tiene como propósito reforzar las tareas que ya realiza personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en las zonas militares 2/a., 5/a. y 16/a., correspondientes a Baja California, Chihuahua y Guanajuato respectivamente. Las unidades de Fuerzas Especiales actuarán en estrecha colaboración con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer el estado de derecho e inhibir la actividad delictiva.
De acuerdo con información oficial, las acciones contemplan patrullajes disuasivos, operaciones de inteligencia, aseguramientos estratégicos y apoyo a labores de investigación, todo ello en coordinación con las fiscalías locales y cuerpos policiales. El objetivo central es contribuir a la preservación del orden y la paz pública en beneficio de la ciudadanía.
Este movimiento forma parte de una serie de ajustes operativos que la Defensa Nacional ha venido implementando en regiones prioritarias, en respuesta a los indicadores de violencia y a las solicitudes de apoyo formuladas por los gobiernos estatales.
Con este refuerzo, se espera una mayor capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, así como una presencia disuasiva que permita recuperar espacios para la convivencia pacífica y el desarrollo comunitario.
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