Los hermanos José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas fueron señalados por el Gobierno federal como los presuntos beneficiarios de una red de empresas fachada que obtuvo contratos por más de 2 mil 600 millones de pesos con organismos electorales estatales, mediante supuestas licitaciones simuladas, triangulación de recursos y operaciones con indicios de lavado de dinero.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, reveló que ambos personajes comenzaron su trayectoria dentro de la Secretaría de Gobernación y del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), antes de convertirse en empresarios proveedores de materiales electorales.
Durante la conferencia presidencial, la funcionaria explicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se investigó el origen de las compañías y sus vínculos familiares, empresariales y políticos, encontrando antecedentes que se remontan a 27 años.
«Los hermanos Hernández Casillas empezaron a trabajar en el 83, José Alfredo Hernández Casillas y Raimundo Hernández Casillas, en la Secretaría de Gobernación», expuso.
De acuerdo con la investigación oficial, José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, mientras que Raimundo Hernández Casillas posteriormente se incorporó al área de investigaciones del Cisen.
Buenrostro destacó que estas relaciones se desarrollaron durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando la Secretaría de Gobernación concentraba las atribuciones electorales que posteriormente fueron transferidas a organismos autónomos.
La funcionaria sostuvo que, después de abandonar la administración pública, los hermanos Hernández Casillas comenzaron a constituir compañías dedicadas al suministro de materiales electorales y, para 1999, ya participaban como proveedores en el Estado de México.
Acusan que los mismos empresarios controlaban a empresas competidoras
Buenrostro explicó que la investigación identificó una estructura de sociedades mercantiles relacionadas entre sí mediante familiares, socios y representantes legales, que presuntamente participaban en las mismas licitaciones para aparentar competencia.
«Lo que hacen es que entraban a las licitaciones, pero como ellos tienen conocimiento de todas las empresas, pues simulaban con los precios, ya se ponían de acuerdo quién iba a ganar», denunció.
La secretaria sostuvo que, mediante ese mecanismo, las compañías presentaban distintas propuestas económicas, aunque el beneficiario final de los contratos era el mismo grupo empresarial.
«Todas las empresas, aunque participaban muchas empresas en teoría, pues al final el beneficiario final eran los mismos hermanos Casillas», afirmó.
Entre las personas identificadas en la estructura corporativa mencionó a Raimundo Hernández Velázquez y Tatiana Patricia Hernández Velázquez, integrantes de la familia que aparecen vinculados con varias de las compañías.
Según la funcionaria, José Alfredo Hernández Casillas dejó en años recientes el control formal de algunas sociedades en manos de sus familiares, mientras que Raimundo Hernández Velázquez y Tatiana Patricia Hernández Velázquez aparecen con participación en cuatro empresas cada uno.
Entre las firmas señaladas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Salas de México y Corporativo Seek.
Más de 2 mil 600 millones de pesos en contratos electorales
La secretaria detalló que entre 2014 y 2023 la red empresarial obtuvo contratos por más de 2 mil millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
En el periodo de 2024 a 2025, las empresas continuaron participando en contrataciones públicas y consiguieron otros 646 millones de pesos en 15 organismos electorales estatales.
Buenrostro relacionó el crecimiento de estas contrataciones con los cambios derivados de la reforma electoral de 2014, que otorgó al Instituto Nacional Electoral (INE) facultades para designar a los consejeros de los organismos locales.
También recordó que en 2005 se registró un escándalo relacionado con contratos de los hermanos Hernández Casillas en el Estado de México, que, según su exposición, provocó la renuncia de siete consejeros electorales.
La funcionaria advirtió que los montos presentados podrían incrementarse conforme avance la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a que no todos los contratos están disponibles en las plataformas públicas.
«Esto es un piso y de aquí, pues para arriba, los contratos se van a mover hacia arriba», señaló.
Detectan empresas sin empleados y sospechas de lavado de dinero
La titular de Anticorrupción aseguró que las investigaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificaron compañías sin trabajadores declarados, sin capacidad técnica acreditada y con domicilios y números telefónicos compartidos.
«Las empresas no declaran empleados, no declaran capacidad técnica, muchas de las empresas tienen la misma dirección, el mismo teléfono», explicó.
Asimismo, afirmó que el dinero obtenido de los contratos era transferido entre distintas sociedades, mediante operaciones sucesivas que presuntamente buscaban ocultar a los beneficiarios finales.
En esas transferencias se identificaron personas de hasta 96 años y jóvenes de 18 años, lo que generó sospechas de utilización de prestanombres o posibles robos de identidad.
«Es el comportamiento que tienen las empresas que muestran lavado de dinero», sostuvo.
Buenrostro informó que el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan las operaciones y que algunas compañías relacionadas con el grupo ya habían sido sancionadas como factureras.
Finalmente, aclaró que, debido a la autonomía del INE y de los organismos electorales, corresponde a sus instancias de fiscalización y a la ASF revisar posibles irregularidades y determinar si existen elementos para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Las acusaciones expuestas por la funcionaria forman parte de investigaciones administrativas y fiscales, sin que se haya informado de una sentencia judicial que determine la responsabilidad penal de los hermanos Hernández Casillas o de las demás personas mencionadas.
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