El Pleno del Senado de la República aprobó con modificaciones la minuta que reforma la Ley Aduanera, cuyo objetivo es modernizar, fortalecer y dar mayor certidumbre al comercio exterior, sin incrementar ni crear nuevas cargas fiscales.
La votación en lo general registró 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención, mientras que en lo particular se avalaron los cambios con 77 votos a favor, 38 en contra y una abstención.
El dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados con una modificación propuesta por el senador Homero Davis Castro (Morena), que establece que el decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2026, excepto el artículo 86 A fracción primera, que aplicará al mes siguiente de su publicación. Otros artículos —entre ellos el 86 A fracción tercera, 106 fracciones quinta y sexta, 107 y 145— entrarán en vigor tres meses después, a fin de dar tiempo para elaborar la reglamentación correspondiente.
Modernización sin nuevos impuestos
Al presentar el proyecto, Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, aseguró que la reforma “no obstaculiza operaciones legítimas, las facilita con certidumbre y trazabilidad”, al tiempo que fortalece la recaudación y combate la evasión fiscal.
“Con esta reforma avanzamos hacia una aduana moderna, que cuida la competitividad y la integridad del sistema. Cada trámite simplificado se traduce en empleos, inversión y crecimiento”, afirmó el legislador panista.
Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, consideró que este nuevo marco jurídico representa “un pacto entre el Estado, las empresas y la sociedad, donde la tecnología se convierte en aliada de la justicia fiscal”.
“Esta reforma moderniza sin privatizar, fiscaliza sin abusar y recauda sin castigar; no es una ley para unos cuantos, es una ley para el país entero”, subrayó.
Principales cambios
El proyecto prevé la creación del Consejo Aduanero, encargado de resolver sobre autorizaciones y patentes aduanales. Además, otorga facultades concurrentes para el post-despacho de mercancías tanto al SAT como a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Entre las innovaciones, se permite a las autoridades celebrar convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para el análisis de datos, y se eliminan las patentes vitalicias de agentes aduanales, sustituyéndolas por autorizaciones de 20 años sujetas a certificación cada tres años.
Asimismo, se refuerzan los controles para prevenir evasión, subvaluaciones y contrabando, y se incorpora al expediente electrónico de pedimentos documentación complementaria como CFDI, facturas o carta porte.
Debate legislativo
Durante la sesión, se rechazaron 10 propuestas de modificación y una moción suspensiva presentada por la senadora Claudia Edith Anaya Mota (PRI).
Desde Morena, Olga Patricia Sosa Ruiz defendió que la reforma “protege la economía nacional y garantiza que el comercio exterior sea un motor de desarrollo, no un espacio de privilegios”.
En contraste, Raymundo Bolaños Azocar (PAN) sostuvo que la reforma “no combate la corrupción, sólo maquilla el problema”, mientras que el priista Miguel Ángel Riquelme Solís advirtió que coloca a México “en posición vulnerable ante sus socios del T-MEC” por otorgar facultades discrecionales a las autoridades aduaneras.
A favor, Waldo Fernández González (PVEM) destacó que el nuevo marco dotará al sistema tributario “de una gran herramienta para mantener a México entre las economías más atractivas del mundo”.
Del PT, Lizeth Sánchez García señaló que la iniciativa “responde a la geopolítica y ofrece beneficios tangibles sin crear nuevos impuestos”, mientras que Clemente Castañeda Hoeflich (MC) advirtió que “sobrerregula” y no brinda certidumbre jurídica a los operadores.
Próximos pasos
Con la aprobación en el Senado, el proyecto regresa a la Cámara de Diputados para su análisis final. Si se ratifica, México contará en 2026 con una Ley Aduanera renovada, digital y más estricta contra la evasión, que busca equilibrar la competitividad del comercio exterior con la transparencia fiscal.
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