La diputada Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de garantizar los derechos de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijas e hijos que viven con ellas en los centros penitenciarios.
La propuesta, respaldada también por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, fue turnada a la Comisión de Justicia.
El proyecto plantea asegurar condiciones dignas de salud, maternidad y lactancia, el acceso a productos de gestión menstrual y la protección del interés superior de la niñez.
Entre sus principales puntos, establece que las autoridades penitenciarias deberán ofrecer espacios adecuados para el esparcimiento, recreación y desarrollo de las y los niños menores de tres años que viven con sus madres, además de contar con personal especializado para brindar acompañamiento educativo, apoyo emocional y seguimiento al desarrollo infantil.
Asimismo, se refuerza el derecho de las madres a conservar la guardia y custodia de sus hijos menores de tres años, siempre que ello no contravenga el interés superior del menor.
Los centros penitenciarios deberán contar con áreas especialmente diseñadas para la lactancia materna, separadas de la población general, para garantizar el desarrollo sano de las y los recién nacidos.
Cuando los menores alcancen la edad máxima de estancia permitida en prisión, la separación deberá realizarse de manera progresiva y con apoyo psicológico, a fin de mantener el vínculo emocional entre madre e hijo durante la transición.
La iniciativa también busca proteger el derecho de las mujeres reclusas a recibir atención médica periódica y especializada en salud preventiva, sexual, reproductiva, mental y nutricional, así como garantizar el suministro de productos de gestión menstrual y espacios higiénicos adecuados.
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2025, en México había hasta junio de ese año 15 mil 261 mujeres privadas de la libertad, lo que representa el 6.09 por ciento de la población penitenciaria total.
La mayoría tiene entre 20 y 40 años, por lo que —destacó Muñoz Moreno— resulta indispensable implementar políticas penitenciarias con enfoque de género, salud pública y derechos humanos, que aseguren un trato digno y respetuoso, sin que la reclusión limite el ejercicio de la maternidad ni el desarrollo de la niñez.
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