El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en contratos millonarios durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, que podrían involucrar a exfuncionarios, empresarios y compañías proveedoras del organismo electoral.
La denuncia institucional se produce tras la difusión de videos en los que la expresidenta del INE aparece junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas, uno de los principales contratistas señalados en el escándalo, mientras se discuten montos, porcentajes y posibles ganancias relacionadas con contratos del organismo.
Las grabaciones difundidas por Latinus exhiben conversaciones sobre la fabricación de credenciales para votar, servicios de autenticación y otros negocios vinculados con el Instituto. Su contenido ha generado sospechas de posibles acuerdos para beneficiar económicamente a particulares y servidores públicos.
Guadalupe Taddei y contratistas, bajo investigación de la FGR
La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, explicó que las diez consejerías acordaron presentar la denuncia para investigar posibles delitos relacionados con la adjudicación de contratos públicos.
Aunque el recurso no contiene una lista cerrada de acusados, las investigaciones podrían alcanzar a Guadalupe Taddei, a quienes ocuparon la Secretaría Ejecutiva, a directivos del Instituto y a empresarios involucrados en las contrataciones cuestionadas.
La denuncia tiene como finalidad determinar si existieron conductas constitutivas de delitos como peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Videos revelan presunto reparto de ganancias por contratos del INE
Uno de los principales elementos que detonaron la crisis institucional fue la publicación de grabaciones realizadas presuntamente durante reuniones privadas entre Taddei y Hernández Casillas.
En un video fechado el 16 de febrero de 2026, el empresario aparece realizando cálculos económicos frente a la entonces presidenta del INE, relacionados con contratos para producir credenciales de elector.
En una de las conversaciones difundidas se escucha al contratista afirmar:
“Primero lo mío y luego lo tuyo”.
También menciona porcentajes de participación y cantidades millonarias que, según la investigación periodística, corresponderían a los involucrados.
Otra grabación hace referencia a un reparto del 70 y 30 por ciento sobre una base cercana a 48 millones de dólares.
Las conversaciones constituyen indicios periodísticos que deberán ser analizados por las autoridades para determinar su autenticidad, contexto y posible relevancia penal.
Empresario José Alfredo Hernández Casillas, en el centro del escándalo
Hernández Casillas, identificado como apoderado de Cajas Graf y proveedor de materiales electorales, aparece en distintas grabaciones con Taddei y personas de su entorno familiar.
Entre los videos difundidos destaca uno grabado en un hotel de lujo de París, donde el contratista aparece con Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la exconsejera presidenta.
Las investigaciones periodísticas también han documentado presuntos beneficios a familiares y relaciones entre proveedores y funcionarios que participaron en procesos de contratación.
En grabaciones divulgadas el 6 de noviembre, Hernández Casillas presuntamente amenaza con revelar información comprometedora sobre integrantes del INE, lo que abrió nuevas interrogantes sobre el alcance de las relaciones entre empresarios y servidores públicos.
Empresas vinculadas obtuvieron contratos por 853 millones de pesos
Una investigación de EL PAÍS, publicada el 29 de octubre, identificó una red de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas que obtuvo 853 millones de pesos mediante 21 licitaciones electorales en las que compañías relacionadas habrían simulado competir entre sí.
Entre las firmas mencionadas figuran Cajas Graf, Formas Finas, Seriplast y Corporativo Zeg.
La investigación identificó vínculos corporativos, representantes compartidos y operaciones de contratación en distintos organismos electorales del país. Sin embargo, la aparición de una empresa en estos reportajes no significa que exista una acusación penal acreditada en su contra.
Contrato de credenciales por más de mil millones de pesos
La denuncia institucional también busca revisar las contrataciones de materiales para la elección judicial de 2025 y la producción de la credencial para votar correspondiente al periodo 2026-2031.
De acuerdo con La Jornada, entre los contratos señalados figura uno adjudicado al grupo integrado por Cosmocolor, Icard Solutions y Talleres Gráficos de México, con un monto máximo de 61.7 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente mil 173 millones de pesos al tipo de cambio de la adjudicación.
Hacienda bloquea cuentas de Taddei y 39 personas y empresas
El caso también provocó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda.
El 4 de noviembre se informó del bloqueo de cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales, entre las que figuran, según reportes periodísticos, Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas.
Hacienda también presentó una denuncia ante la FGR para investigar operaciones financieras que consideró de riesgo.
El bloqueo constituye una medida administrativa preventiva y no una declaración de culpabilidad.
Contraloría del INE presenta otras seis denuncias penales
El escándalo adquirió una nueva dimensión este viernes, cuando el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante la Cámara de Diputados la presentación de seis denuncias penales contra funcionarios, exfuncionarios y empresas.
Las acusaciones comprenden posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones.
Fuentes legislativas citadas por La Jornada señalaron que entre los involucrados estarían Taddei y Hernández Casillas. Se trata de denuncias del órgano fiscalizador distintas de la presentada institucionalmente por el INE.
INE promete investigar sin importar cargos ni periodos de gestión
En su posicionamiento oficial, el INE sostuvo que la denuncia responde exclusivamente a la obligación institucional de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.
El organismo aseguró que mantendrá una política de cero tolerancia ante posibles irregularidades, sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión.
La FGR deberá determinar si las operaciones denunciadas constituyen delitos, identificar a los posibles responsables y establecer si existen elementos para proceder penalmente.
Por ahora, las denuncias y las investigaciones en curso no representan una resolución judicial ni acreditan responsabilidad penal de las personas mencionadas.
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