Imagina abrir la llave de tu casa y no ver salir ni una gota de agua. No por una falla técnica, sino porque la ley permite que te la corten por completo. Eso es justo lo que la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), busca impedir con una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, cuyo objetivo es garantizar que ningún hogar en México se quede totalmente sin agua bajo ninguna circunstancia.
La propuesta, enviada a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, plantea que los gobiernos estatales, municipales y el de la Ciudad de México estén obligados a asegurar el acceso continuo al agua suficiente, limpia, segura y a precio accesible para uso doméstico. Esto significaría que, incluso ante adeudos, crisis o sequías, el suministro no podría suspenderse por completo.
La iniciativa llega en un contexto crítico: presas con niveles históricamente bajos, sequías prolongadas, contaminación de ríos y una demanda creciente. Aguilar Gil advierte que el país ya no puede depender de llamados morales a cuidar el agua; se necesitan reglas firmes que prioricen a las personas sobre los intereses económicos.
“El agua no puede verse solo como un negocio ni usarse como herramienta de presión. Es un derecho humano, tan básico como la salud o la educación”, subrayó la legisladora.
La diputada recordó que sin agua no hay condiciones para vivir dignamente: no se puede cocinar, limpiar, bañarse ni prevenir enfermedades. Por ello, considera que cuando el Estado falla en garantizar este servicio, también vulnera otros derechos fundamentales.
Además, subrayó que el agua no solo es vital para el consumo humano, sino también para la producción de alimentos, la limpieza de las ciudades y la sostenibilidad de las comunidades. Legislar para protegerla, dijo, no es un capricho, sino una obligación del Estado, que debe prevenir abusos, investigar las omisiones, sancionar a quienes nieguen el servicio y reparar los daños ocasionados a la población.
Con esta reforma, Aguilar Gil busca que México dé un paso firme hacia el reconocimiento efectivo del agua como un derecho humano inalienable, ininterrumpible y esencial para la vida.
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