El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, afirmó que durante su gestión al frente de la Secretaría de Gobernación no se otorgaron concesiones ni permisos para la operación de casinos, luego del reciente cierre de 13 establecimientos por presuntas irregularidades.
Recordó que, desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se estableció que no habría nuevas autorizaciones en ese sector, por lo que —dijo— los permisos vigentes provienen de administraciones anteriores. “No se otorgó ningún permiso”, subrayó.
En paralelo, el senador informó que en la Cámara Alta avanza la revisión de la minuta en materia de extorsión enviada por Diputados, con un progreso del 90 por ciento.
Detalló que los presidentes de las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza Cázarez, mantienen diálogo con la Consejería Jurídica del Ejecutivo para afinar la propuesta.
Entre las modificaciones planteadas se encuentra elevar la pena para extorsionadores a una media de 10 a 15 años, por encima de lo avalado en San Lázaro.
López Hernández señaló que, dada la gravedad del delito, no deben generarse beneficios que favorezcan a los responsables y advirtió que un aumento en la penalidad podría reducir la posibilidad de que accedan a ventajas por retroactividad de la ley.
El Senado también analiza equiparar las sanciones para servidores públicos que, por omisión, incurran en extorsión, así como la creación de fiscalías especializadas que atiendan exclusivamente estos casos, en sustitución de las unidades antisecuestro, debido a que —apuntó— se trata de fenómenos delictivos distintos.
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