La diputada Irma Juan Carlos (Morena) presentó una iniciativa para reformar el artículo 4º de la Constitución Política con el fin de reconocer en México el derecho a la vida y a la muerte digna, lo que abriría la puerta a permitir la eutanasia bajo los términos que establezca la ley. La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
En el documento, la legisladora señala que el objetivo es incorporar explícitamente en la Carta Magna la posibilidad de una muerte digna y garantizar que las personas que así lo decidan puedan acceder a la eutanasia. Explica que, aunque en México existen avances en cuidados paliativos y voluntad anticipada, la legislación no contempla la eutanasia activa, lo que mantiene un vacío normativo frente al derecho a decidir cuándo y cómo morir.
La diputada recuerda que la Real Academia Española define la eutanasia como la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin posibilidad de cura, mientras que el diccionario Oxford la describe como el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona con enfermedad incurable para evitar sufrimiento. Países como Bélgica, Luxemburgo y España ya reconocen esta práctica dentro de sus marcos legales.
En contraste, México la prohíbe. La Ley General de Salud establece en su artículo 166 Bis 21 que la eutanasia —entendida como homicidio por piedad— y el suicidio asistido están prohibidos, remitiendo estos casos al Código Penal Federal.
Irma Juan Carlos lamenta que el país no haya reconocido aún el derecho a la muerte digna, pese a las razones éticas, jurídicas y sociales para hacerlo. Sostiene que legalizar la eutanasia fortalecería una sociedad plural y laica, donde las decisiones morales personales no estén sujetas a creencias religiosas.
Añade que las enfermedades terminales intensifican el dolor y la angustia, y suelen desencadenar múltiples síntomas y padecimientos adicionales. Frente a ello, afirma, es momento de que el Congreso actúe.
“Hoy las y los diputados tenemos la oportunidad histórica de armonizar el principio constitucional de dignidad humana con la libertad individual de morir en paz, en un marco de respeto, compasión y derechos humanos”, concluye la legisladora.
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