El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley General de Aguas, tras una sesión que se prolongó por 7 horas y 22 minutos. En la votación en lo particular, se registraron 82 sufragios a favor y 34 en contra, reflejando la división entre la mayoría oficialista y la oposición.
La iniciativa, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo garantizar el acceso universal al agua como derecho humano, devolver el recurso a la Nación como bien estratégico y reorganizar el sistema de concesiones.
Además, busca eliminar prácticas ilícitas en la gestión del recurso y priorizar su uso para consumo doméstico y saneamiento.
Durante la discusión, legisladores de oposición —principalmente del PAN— acusaron al bloque oficialista de querer centralizar el control del agua y limitar la autonomía de productores rurales.
En contraste, Morena y aliados defendieron la reforma como un paso necesario para asegurar la sustentabilidad hídrica y proteger a comunidades vulnerables.
La aprobación se dio en medio de protestas de campesinos y transportistas, quienes cuestionaron el alcance de las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados.
No obstante, el Senado consideró la minuta de urgente resolución, por lo que fue discutida directamente en el Pleno sin pasar por comisiones.
Con este aval, el decreto será remitido al Ejecutivo Federal, que deberá publicarlo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor. La nueva legislación redefine el marco jurídico del agua en México, consolidando un modelo de gestión que busca equilibrar el acceso ciudadano con la regulación estatal
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