Durante el foro “Sistema Nacional Anticorrupción. Evento de presentación de la propuesta de reforma a la ley general”, convocado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, Jacobo Pastor García Villarreal, especialista en integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señaló la necesidad de fortalecer el SNA con base en estándares y compromisos internacionales asumidos por México.
En su ponencia “Hacia una política de Estado en materia anticorrupción: UNCAC, T-MEC y G20”, afirmó que, aunque existe consenso sobre la importancia del sistema, este ha tenido una actuación “reactiva, con pérdida de dinamismo y limitada capacidad preventiva”, por lo que la reforma representa “una oportunidad para corregir debilidades estructurales”.
García Villarreal subrayó que la corrupción genera costos económicos y sociales estimados entre 5 y 10 por ciento del PIB, además de provocar “un uso ineficiente de los recursos públicos” y afectar la efectividad de políticas en salud, educación e infraestructura. Añadió que “la percepción de corrupción está directamente ligada a la desconfianza ciudadana”, lo que reduce el cumplimiento fiscal y la confianza en los mercados.
Recordó que México es parte de la Convención Anticohecho de la OCDE, la cual ha emitido recomendaciones para mejorar la identificación y sanción de casos, el uso de datos y la protección a denunciantes. También destacó la Recomendación de Integridad Pública del organismo, basada en 12 principios, como marco para evaluar la reforma.
Entre los puntos clave, planteó fortalecer la Plataforma Digital Nacional, profesionalizar los órganos de control y auditoría e incorporar de forma integral el componente electoral en la política anticorrupción. En ese sentido, consideró pertinente analizar una mayor participación del Instituto Nacional Electoral en el Comité Coordinador del SNA.
Finalmente, advirtió que más del 50 por ciento de los casos de cohecho a nivel internacional se concentran en la contratación pública, por lo que recomendó un enfoque preventivo y basado en riesgos, especialmente en obra pública y sectores extractivos.
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