El Senado de la República cerró y desmanteló el salón de belleza que operaba en sus instalaciones tras convertirse en foco de polémica pública y mediática al conocerse que senadoras —principalmente de Morena, PVEM y PT— acudían a peinarse, maquillarse y recibir servicios de estética durante días de sesión legislativa.
En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, confirmó que el espacio quedó clausurado y que el mobiliario —como un sillón, lavabo para lavado de cabello y espejo valorados en unos 37 mil pesos— fue reintegrado al almacén del Senado. Los utensilios personales de la estilista que ofrecía los servicios de manera independiente también fueron retirados.
Mier calificó al salón como producto del “morbo” periodístico y señaló que la polémica generada obligó a revisar otros servicios que operan dentro del Senado, como restaurantes, bancos y boleros, con el objetivo de regularizar y transparentar su funcionamiento, estableciendo responsabilidades para quienes los ofrecen y para la propia Cámara.
Los legisladores usarían estos espacios en régimen mercantil —pagando entre 100 y 500 pesos por cada servicio— y, aunque no forman parte de prestaciones pagadas con recursos públicos, la falta de claridad sobre su operación encendió críticas sobre posible favoritismo y privilegios dentro del recinto legislativo.
El anuncio se da en un contexto de mayor escrutinio sobre la gestión de espacios internos del Senado y tras la difusión de videos e imágenes que mostraron la reapertura y uso del salón, lo que derivó en su cierre definitivo y la promesa de una revisión integral de todos los servicios disponibles para legisladores y visitantes.
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