La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que no ejecutará la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni de otros nueve funcionarios y exfuncionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado, como lo solicitó el gobierno de Estados Unidos, debido a la falta de pruebas que sustenten la medida.
En conferencia de prensa, Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, detalló que la petición fue emitida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y corresponde a una detención provisional con fines de extradición, una figura jurídica distinta a una solicitud formal de extradición.
El funcionario explicó que este tipo de medidas cautelares sólo pueden concederse cuando existen elementos probatorios suficientes que acrediten la probable comisión de un delito, así como la urgencia de la acción, debido a que implican una restricción directa a derechos humanos conforme al marco legal mexicano.
“Advertimos, en una primera instancia, que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”, sostuvo Jiménez Vázquez.
Agregó que tampoco se acreditó la urgencia para ejecutar la detención provisional de Rocha Moya, del senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, así como del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, entre otros servidores públicos señalados en la solicitud.
El titular de la Fiscalía Especializada subrayó que, bajo la legislación mexicana, la detención provisional con fines de extradición no puede ser automática ni discrecional, ya que requiere cumplir con estándares probatorios estrictos para evitar violaciones a derechos fundamentales.
Asimismo, la FGR advirtió que la difusión pública de este caso podría poner en riesgo las investigaciones en curso relacionadas con el mandatario estatal y los otros implicados, por lo que llamó a la prudencia en el manejo de la información.
La dependencia federal no descartó que la solicitud pueda ser revisada nuevamente en caso de que las autoridades estadounidenses aporten pruebas adicionales que cumplan con los requisitos legales establecidos. Mientras tanto, la investigación continúa en desarrollo tanto en México como en Estados Unidos.
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