El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) presentó una iniciativa para obligar al personal directivo, docente y administrativo de todos los niveles educativos a denunciar de forma inmediata ante el Ministerio Público cualquier indicio de violencia sexual, maltrato u otra agresión contra niñas, niños y adolescentes.
La propuesta, que reforma la Ley General de Educación, establece que la denuncia deberá hacerse de manera directa y sin mediación interna, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Asimismo, plantea que los centros educativos deberán contar con protocolos de actuación que garanticen la confidencialidad, la protección de las víctimas y la no revictimización, incluyendo medidas de resguardo, atención psicológica y notificación inmediata a las autoridades de protección correspondientes.
Estos lineamientos deberán alinearse con los criterios de la Secretaría de Educación Pública y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, además de contemplar coordinación con fiscalías especializadas y autoridades judiciales.
La iniciativa también prevé sanciones para quienes incumplan con la obligación de denunciar, con multas que van de mil uno a siete mil veces la Unidad de Medida y Actualización, sin excluir posibles responsabilidades penales o administrativas.
El documento, turnado a la Comisión de Educación, señala que actualmente existen vacíos normativos que no obligan de manera explícita a presentar denuncias, lo que retrasa la actuación de las autoridades y aumenta la vulnerabilidad de las víctimas.
El legislador subrayó que la reforma busca garantizar entornos escolares seguros, al advertir que la violencia en estos espacios tiene consecuencias graves en el desarrollo emocional, social y psicológico de la infancia.
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