La diputada del PT María Isidra De la Luz Rivas presentó una iniciativa para que las personas vinculadas a proceso por feminicidio o tentativa de feminicidio pierdan la patria potestad sobre las hijas e hijos que tengan en común con la víctima.
La propuesta plantea reformas a los artículos 444 y 444 Bis del Código Civil Federal para establecer que quien cometa tentativa de feminicidio, además de las sanciones penales correspondientes, perderá todo derecho sobre las y los descendientes compartidos con la víctima.
Asimismo, la iniciativa —turnada a la Comisión de Justicia— señala que la autoridad jurisdiccional deberá modificar o suspender de oficio el régimen de convivencias, guarda y custodia cuando detecte cualquier tipo de violencia o cuando el responsable esté vinculado a proceso por feminicidio o tentativa.
La legisladora argumentó que, aunque el feminicidio ya se encuentra tipificado en el sistema penal mexicano, es necesario fortalecer la protección hacia quienes también resultan afectados por este delito.
“Quienes suelen ser víctimas, directa o indirectamente, son las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio”, expuso.
Indicó que en muchos casos las y los menores quedan bajo la tutela del padre, aun cuando éste sea el principal sospechoso o incluso responsable del crimen.
En la exposición de motivos, recordó que el Congreso de Puebla aprobó en marzo de 2023 la denominada “Ley Monzón”, la cual suspende la patria potestad a padres vinculados a proceso por feminicidio o intento de feminicidio de la madre de sus hijos.
La reforma tomó ese nombre tras el asesinato de la activista y abogada feminista Cecilia Monzón Pérez, ocurrido en mayo de 2022 en Puebla presuntamente a manos de su expareja.
“Su caso evidenció la necesidad de proteger a los hijos de mujeres víctimas de feminicidio, ya que el responsable del delito intentó mantener la custodia del hijo que compartían”, señaló la diputada.
La petista destacó que diversos congresos estatales ya han aprobado legislaciones similares, entre ellos Puebla, Colima, Sinaloa, Ciudad de México, Nayarit, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas y Baja California Sur.
Sostuvo que incorporar estas disposiciones al Código Civil Federal permitirá garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, además de suspender la patria potestad, guarda y custodia y el régimen de visitas hasta que se determine la inocencia del investigado.
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