En un nuevo golpe contra las redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, ejecutó cateos simultáneos en cuatro inmuebles de Nuevo León, donde detuvo a un presunto integrante de una organización criminal vinculada con delitos en materia energética y lavado de dinero.
Las diligencias se realizaron en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria, como parte de las investigaciones que buscan desmantelar una estructura delictiva que presuntamente simulaba actividades en los sectores logístico, energético y de transporte para encubrir operaciones ilícitas relacionadas con hidrocarburos.
De acuerdo con la FGR, los cateos fueron solicitados por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y autorizados por un juez. Durante los operativos fue detenido Jesús “N”, a quien además se le aseguró un arma de fuego.
Las autoridades también decomisaron un amplio parque vehicular y maquinaria pesada presuntamente utilizada en las actividades investigadas. Entre lo asegurado destacan 42 tractocamiones, 13 camiones de carga, camiones de volteo, cuatrimotos, dos retroexcavadoras, una grúa de canastilla y 62 contenedores cilíndricos.
Además, fueron asegurados diversos inmuebles, un predio utilizado como patio de maniobras y trasvase, así como documentación y otros objetos considerados relevantes para la investigación.
La FGR informó que parte de la documentación localizada estaría relacionada con al menos tres empresas que son investigadas por su probable participación en delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Estas acciones forman parte de una estrategia federal para debilitar las estructuras financieras y logísticas de organizaciones presuntamente dedicadas al llamado huachicol, uno de los principales mercados ilícitos que operan en distintas regiones del país.
La autoridad precisó que la persona detenida cuenta con la presunción de inocencia y su situación jurídica será definida por la autoridad judicial competente.
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