En medio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado dos iniciativas para endurecer el combate a la piratería y la venta de mercancía falsificada, planteando penas de hasta 10 años de prisión para quienes comercialicen estos productos en puestos semifijos, establecimientos físicos o plataformas digitales.
La propuesta busca adecuar la legislación mexicana a los compromisos asumidos en el capítulo de propiedad intelectual del T-MEC, que obliga a los países integrantes a sancionar penalmente la falsificación de marcas y la piratería a escala comercial.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la sustitución del criterio de “fin de lucro” por el de “escala comercial”, con el objetivo de facilitar la persecución de estas conductas mediante parámetros objetivos y verificables, incluso en entornos digitales.
De aprobarse la iniciativa, quienes ofrezcan o vendan mercancía pirata en establecimientos, puestos temporales o semifijos podrían enfrentar penas de cuatro a 10 años de prisión. Además, se elevarían las sanciones para la producción masiva de productos falsificados, que pasarían de dos a seis años de cárcel.
El proyecto también incorpora nuevas conductas sancionables, como la comercialización de libros de texto gratuitos, la reproducción o uso no autorizado de obras protegidas por derechos de autor a escala comercial y la divulgación de contenidos antes de su lanzamiento oficial.
Como parte del paquete legislativo, la mandataria presentó una segunda iniciativa para reformar la Ley Federal del Derecho de Autor, enfocada en la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet. La propuesta establece que las plataformas digitales no serán responsables automáticamente por contenidos ilícitos generados por usuarios, siempre que actúen con diligencia y atiendan los procedimientos de notificación correspondientes.
El Gobierno federal sostiene que estas modificaciones fortalecerán la protección de la propiedad intelectual, darán mayor certeza jurídica a los titulares de derechos y permitirán a México cumplir con los estándares internacionales exigidos por el T-MEC durante su actual proceso de revisión.
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